Ya hay sentencia sobre la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana a indemnizar a los profesionales sanitarios por la falta de medios de protección en la primera ola. Exponen que infringieron la normativa de prevención de riesgos laborales al no disponer de dichos elementos.
La sentencia ha sido dada a conocer por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, quien interpuso la demanda junto a varios de sus afiliados alegando que la administración incumplió sus obligaciones en materia de prevención durante el estado de alarma declarado por real decreto del 14 de marzo poniendo en peligro la salud y seguridad del personal sanitario.
Tras ser estudiado y evaluado, el juez ha dictado sentencia porque,, a pesar de que las administraciones autonómicas estaban bajo la supervisión de los órganos de gobierno centrales, la gestión sanitaria seguía siendo de su competencia y solo la Conselleria de Sanidad “como empleadora y deudora de seguridad, era la responsable del cumplimiento del marco normativo de prevención de riesgos laborales para con sus empleados sanitarios”.
La resolución acredita que las medidas no fueron suficientes para garantizar la seguridad de los empleados y recuerda que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el personal sanitario de los centros médicos de Alicante y, entre ellos, los trabajadores demandantes, “solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios en los respectivos centros sanitarios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus, ya que las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro”.
“El hecho de que fuera necesario guardar bajo llave las mascarillas disponibles es prueba de que no se había hecho acopio suficiente de las mismas y de que las mascarillas que se habían adquirido con antelación al estado de alarma o durante el mismo no fueron las suficientes para salvaguardar la salud y seguridad en los puestos de trabajo”, añade.
“Esta falta de medios no puede, ni debe, repercutir en perjuicio de los trabajadores, que son quienes afrontaron de forma directa e inmediata el mayor riesgo para la salud colectiva que se recuerda en los últimos años. La responsabilidad de la insuficiencia corresponde a la empleadora”, argumenta.
Por lo tanto, condena a este departamento del Consell a abonar a cada uno de los trabajadores -un total de 154- cuantías que oscilan entre los 5.000 euros -para aquellos que trabajaron sin ele elementos de protección sin sufrir contagio- y los 49.180 euros, para los sanitarios que precisaron hospitalización. Hay dos grupos que serán resarcidos con 15.000 euros (aislados por contacto) y con 35.000 (contagiados sin ingreso hospitalario).
Como ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig ha garantizado que recurren la decisión judicial para “defender el interés general de los valencianos”, tras mostrar su respeto al fallo, y ha recordado que ya pidió en nombre del gobierno valenciano un “perdón público” a los sanitarios por la falta de material durante la primera ola.
“Reitero: en ese momento determinado no tuvimos todos los recursos necesarios en una pandemia sobrevenida en la Comunitat y en toda España y Europa, y la reacción del gobierno valenciano fue inmediata”, ha recalcado. Puig, a preguntas de los periodistas en Alicante, ha recordado que esta demanda ya se presentó en el ámbito penal y fue desestimada por el TSJCV, mientras “ahora les ha dado la razón” un tribunal de lo social. Tras insistir en que “nadie podía pensar la magnitud de esta pandemia”, ha defendido que la Generalitat presenta su recurso siguiendo los cauces judiciales y con el objetivo de que “prime el interés general”.
Tras conocer el fallo, el sindicato médico manifiesta su “satisfacción por el reconocimiento del juzgado del incumplimiento por parte de la Conselleria de Sanitat de sus obligaciones de proporcionar elementos de protección a sus trabajadores”.
