La Enfermería, a lo largo de su vasta historia, se ha caracterizado por su despego de intereses personales en favor de los enfermos y desprotegidos. Poco a poco se ha hecho un hueco imprescindible en el ámbito de la salud. Ha necesitado de lides ideológicas para conseguir estar donde todos queríamos que estuviera, pero los profesionales de la Enfermería estaban muy bien considerados en todas las encuestas de valoración que los usuarios realizaban por encargo de administraciones varias.

Sin embargo, algo cambió a partir de 2008 y, sobre todo, en los años desde el 2011 hasta ahora. Surgió una crisis económica mundial producida por la ambición y especulación de grandes mercados y empresas ávidas de poder absoluto y, de hecho, estamos pagando sus errores a costa de nuestros derechos. Ese cambio manifiesto produjo que gobiernos enteros realizasen ajustes presupuestarios en carteras como la salud, la educación, los servicios sociales y un largo etcétera de necesidades importantes de las personas. Se pensó en un primer momento que estos cambios terminarían con el inicio del despertar de la bonanza económica, pero nada más lejos de la realidad. A medida que pasaban los años se producían variaciones en los modelos sanitarios encarrilados a desarrollar gestiones privadas abocadas a la consecución de grandes beneficios.

Como consecuencia de todo ello, se produjo una merma de derechos civiles entre los usuarios y profesionales. En un primer momento se instauró una lucha dialéctica entre ambos colectivos a consecuencia de la vorágine de despidos, situaciones insostenibles en las familias, largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas necesarias, mazazo a la Ley de Dependencia y otros sinsabores que se han ido sumando a más desazones impuestas por gobiernos que han dedicado su tiempo político a hacer negocios con empresas privadas para dirimir sus malas gestiones y aludir que la culpa de todo ello es un gasto ingente de las administraciones públicas.

Respecto a este punto, comentar que se han publicado noticias últimamente de varios ayuntamientos españoles donde de nuevo han recurrido a empresas públicas para garantizar el correcto funcionamiento de sus servicios y, fundamentalmente, porque estas salían más económicas que las privadas, ya que estas últimas primaban sus beneficios sobre la garantía de los servicios para los que fueron contratadas. La pregunta entonces es obvia: ¿por qué seguir insistiendo que mantener servicios públicos aboca al país a la bancarrota? Son preguntas que sus respuestas las tienen los mismos usuarios que se ven impotentes para canalizar sus esfuerzos y para cambiar las cosas.

Gracias a esta impotencia, los gobiernos han llevado estratagemas de control y persuasión que han favorecido la delegación de las culpas en los profesionales de la salud, incidiendo en la trampa de que somos nosotros los culpables de una mala gestión y que debido también a nuestros desorbitados salarios se hace inviable una continuidad de servicios en el futuro más inmediato. Por este motivo se han practicado ajustes y “desbarajustes” en defensa de una sanidad más precaria, menos equitativa y más cara.

Ante tal situación, los usuarios, familias, pensionistas, desempleados, etc., desencadenaron muchas veces su malestar en las personas más visibles: enfermeras, médicos y personal sanitario. El gobierno entonces aprovechó el momento para encrespar más la situación: su metodología fue castigar a los profesionales de la manera que creyeron más idónea para ajustar presupuestos y de esta manera lavarse la imagen. Muchos derechos fueron abolidos y los que estaban en aras de desarrollarse no se produjeron; un ejemplo de ello fue la conciliación laboral por la que muchas enfermeras estamos luchando hace años.

Cuando nos tocan los derechos fundamentales, no solo se toca a los profesionales, sino también a los usuarios: una ecuación matemática donde a menos personal más calidad en servicios básicos no es una ecuación verdadera. Únicamente demuestra que dos más dos son tres y esos tres son insuficientes para generar cuidados de calidad y, por el contrario, crean indefensión y maltrato a personas que por sus estados de salud y dependencia necesitan servicios sanitarios de calidad para su vida diaria.

La disminución de los derechos de los trabajadores sanitarios se ha visto compensada, en su mayoría, por los propios profesionales, por la vocación y la ética tan inmensa de estos, que en lugar de claudicar y desmotivarse han desarrollado mecanismos de adaptación y resiliencia donde ha primado la garantía de conseguir una calidad de cuidados a expensas de sus expectativas profesionales y personales.

He aquí el gran poder de la Enfermería: sacrificio, ética, perseverancia y mantenimiento de una sanidad justa, equitativa y para todos. No sabemos lo que nos deparará lo que queda de este 2015, pero a buen seguro habrá cientos de miles de profesionales sanitarios que estarán en primera línea en defensa de una sanidad pública del pueblo y para el pueblo.