Libro blanco para el desarrollo profesional

Miércoles, 10 de octubre de 2012

La ministra de Sanidad Ana Mato ha convocado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) donde ha avanzado cuáles van a ser las prestaciones básicas de la sanidad pública, selección en la que han estado trabajando grupos de expertos desde el mes de abril. En palabras de Ana Mato, el objetivo es que “ningún español tenga menos atención sanitaria pública que otro”, criterio por el que justificó la elaboración de una cartera básica de servicios común para todo el territorio español, y en diálogo con las Comunidades Autónomas y las sociedades científicas y médicas.

Durante el encuentro, el Ministerio de Sanidad ha anunciado la elaboración del Libro blanco de los profesionales sanitarios del SNS, un documento que estará preparado en un año e incluirá avances en cuanto a ordenación de profesiones, especialidades o implantación de la troncalidad.

El resto de acuerdos alcanzados, según Sanidad, han sido ratificados de manera formal por este organismo. Es el caso de aquellos ciudadanos sin derecho a tarjeta sanitaria, como es el caso de inmigrantes en situación irregular, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han aprobado los convenios para  que puedan ser atendidos en el SNS. No obstante, los convenios no incluyen el copago de los medicamentos.

Así, la cuantía de dichos convenios ha quedado establecida en 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864,8 euros para los mayores de 65 años. «Es una cifra razonable y equitativa», ha explicado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz.

Los convenios establecen el derecho de aquellos ciudadanos sin tarjeta sanitaria a acceder a todas las prestaciones de la cartera básica de servicios pero no a los medicamentos, por lo que, en caso de necesitarlos, deberán abonar la totalidad del importe y no tendrán derecho a un sistema de copago como los titulares de una tarjeta sanitaria.

Los convenios incluyen a los inmigrantes irregulares y a los españoles que nunca hayan trabajado, tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales y a los europeos y ciudadanos de terceros países que quieran suscribirlos durante su estancia en España para ser atendidos. Echániz ha añadido que se han creado “los mecanismos para evitar que dicho convenio pueda suponer un efecto llamada».

 

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