Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que considera a las enfermeras auxiliares del médico, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los Colegios de Enfermería de dicha Comunidad han pedido a la Consejería de Sanidad que ofrezca garantías jurídicas a la actividad clínica de las enfermeras ante la sentencia del TSJ-CV, en la que se toma como base para condenar a una enfermera la aplicación del artículo 59 del anterior Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de la Seguridad Social, volviendo con ello a dar por aceptable la antigua idea de que “las enfermeras sean las auxiliares del médico”.
Aunque desde CECOVA se respeta la sentencia, se considera que la misma devuelve la profesión enfermera “a tiempos pasados”, ignorando las normas vigentes más recientes y de aplicación, como la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
Por este motivo, al situar la actividad enfermera a las órdenes del médico, las múltiples tareas que llevan a cabo las enfermeras, según señalan desde el CECOVA, “podrían ralentizarse teniendo unas consecuencias muy importantes y negativas en el sistema sanitario. De ser así, miles de enfermeras solo realizarán actos clínicos previa indicación por escrito del médico, situación degradante profesionalmente a estas alturas pero necesaria para no verse perjudicados por sentencias similares. Por este motivo, el situar a la enfermera en el rol que desarrollaba en épocas preconstitucionales, como auxiliar del médico, representa un ataque frontal a nuestra autonomía profesional”.
El CECOVA solicitará al consejero de Sanidad, Luis Rosado, que apoye a los enfermeros y que muestre su rechazo ante la condición de la profesión enfermera como auxiliar del médico, esgrimiendo que esta sentencia ha sido utilizada por los letrados de la Generalitat en el proceso de una enfermera. Dicha sentencia ha hecho que los argumentos de la misma puedan ser replicables en el resto de Comunidades Autónomas”, sin tener en cuenta la capacidad del enfermero en estos casos.
¿Es consciente el señor Rosado, Consejero, que la Agencia Valencia (¡que ésta es otra!) ha utilizado el contenido de aquel Estatuto del año 1.973 para sancionar a la Enfermera?
Entiendo que sí, o debe estarlo. Pero tengamos en cuenta que es “médico”, de aquellos que tienen toda la “autoridad” del mundo; ya que están por encima de la Ley. Y lo que es mucho peor: la defensa que tuvo la Enfermera, que debio, éticamente, consultar con otros compañeros, porque ha demostrado que no tiene mucha idea del asunto.
Tengamos en cuenta que la Enfermera, según nos cuentan, desprecio los servicios jurídicos del Colegio de Alicante, que tiene un poco de más idea que cualquiera otro que se dice al Derecho en forma amplia, lo que dificulta el conocimiento concreto de nuestros asuntos.
Tenemos que disponer de jurídicos que se “especialicen” en nuestros temas, por mucho que cuesten, puesto que necesitamos de personas que sepan.