Publicada en el BOE la sentencia que anula la libre colegiación en el sector público andaluz

Lunes, 18 de febrero de 2013

El Boletín Oficial del Estado del 12 de febrero, ha publicado la sentencia 3/2013, de 17 de enero, del Tribunal Constitucional (TC), en la que declara la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley andaluza que introducía la libertad de colegiación para el ejercicio profesional del personal sanitario titulado que trabaja en exclusiva para la Administración Pública andaluza.

El Pleno del Tribunal ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley andaluza 15/2001, de Medidas Fiscales, Presupuestarias, de Control y Administrativas, que establecía “la no exigencia del requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones, o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas, fallando a favor de la obligatoriedad de colegiación”.

Según señala el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), ninguna Comunidad Autónoma tiene competencias para regular la colegiación obligatoria ni para eximir de la misma a los profesionales del sector público. Dicha sentencia reconoce “la exclusividad que tienen estas corporaciones en la ordenación de la respectiva profesión, sobre la base de la correspondiente deontología y ética profesional, ejerciendo esta función pública con independencia de que el profesional preste sus servicios en el ámbito público o privado”.

La decisión del TC recoge que los profesionales de la salud, pierden parte del derecho de asociación. Ante el pronunciamiento del TC, el CAE sostiene que la colegiación obligatoria «debe aplicarse a todo el territorio nacional, ya que aunque esta sentencia anula concretamente la libre colegiación en Andalucía, la Constitución Española establece que las sentencias del Constitucional tienen plenos efectos frente a todos y, según consta en la Ley Orgánica del TC, vincularán a todos los poderes públicos del Estado».

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