Se analiza el Real Decreto 16/2012 sobre el derecho a la asistencia sanitaria

Jueves, 27 de septiembre de 2012

El Consejo de Estado ha publicado un informe sobre el Real Decreto 16/2012 de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Sanitario (en el que se incluye la regulación de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) donde revisa este documento legal de forma urgente, emitiendo un informe preceptivo en el que recoge dudas sobre diversos aspectos sobre la normativa.

En concreto, el Consejo de Estado ha destacado la función reguladora del citado Decreto porque permitirá regular de forma más eficaz las prestaciones sanitarias a personas extranjeras que han superado los tres meses de estancia y que no cuentan con un seguro de salud (hasta el momento los extranjeros residentes podían acceder a todos los servicios del SNS mediante el empadronamiento, sin que se precisaran otras medidas como los seguros privados de salud o los acuerdos sanitarios con su país de origen). Ante esto, el Consejo de Estado señala que “la normativa en Seguridad Social acusa la falta de definición de la natrualeza jurídica de la prestación sanitaria, cosa que se viene arrastrando, al menos, desde 1998″.

Desde el Consejo de Estado explican que “tradicionalmente, la asistencia sanitaria se configuró como una prestación de la Seguridad Social basada en las cotizaciones de los trabajadores de modo que sólo las personas. A partir de 1989 la asistencia se universalizó e incluyó a personas que, sin haber cotizado, podían acceder a la sanidad pública con cargo a las cuentas de Estado. Con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 se ha profundizado en el esquema de la prestación sanitaria como prestación contributiva con cargo a prestaciones sociales y por ello puede provocar algunas disfunciones, particularmente al supuesto de aseguramiento incluido en su artículo 2.1.b”. El Consejo de Estado apuesta por definir de forma clara el concepto de asistencia sanitaria y desvincularlo de la “doble naturaleza jurídica”, puesto que aunque se sitúa dentro de la Seguridad Social, se financia a través de la Hacienda Pública y no por cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, el Consejo de Estado denuncia la falta de definición de la norma aprobada respecto a los discapacitados con un grado inferior al 33%  y la inclusión dentro del SNS de profesionales liberales que hasta ahora pertenecían a mutuas y que, con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, tienen total acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones que el resto de contribuyentes. Esto supondrá, según el Consejo, “un importante impacto en términos de gasto presupuestario que no se ha estimado ni siquiera en la memoria del Real Decreto 16/2012″.

 

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