El Colegio de Enfermería de Alicante ha solicitado al Gobierno la modificación del decreto que limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados en España, ya que considera que “colisiona de lleno con los principios éticos y deontológicos de la profesión enfermera”.
Por este motivo, desde el Colegio se ha elaborado un análisis de las repercusiones que en su opinión tendrá la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, lo que va a suponer que se deje de ofrecer atención sanitaria con carácter universal y gratuito en España a los inmigrantes no regularizados.
Tras valorar las consecuencias obtenidas en dicho estudio, la institución ha pedido al Gobierno la modificación de la normativa con el fin de que no exista “discriminación por cuestiones administrativas”. Según la entidad colegial, el derecho a la protección a la salud es un derecho social reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 43 de la Constitución Española.
De la misma forma, ha recordado que el artículo 4 del Código de Ética y Deontología de la Comunidad Valenciana recoge que “la enfermera se debe ante todo a la persona que precisa sus cuidados”. “Tratará con la misma diligencia y respeto a todas las personas sin distinción de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, opinión política, condición social o estado de salud”.
Desde el Colegio se ha señalado que la actual situación de crisis económica “es muy grave”, por lo que resulta necesario establecer medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario público. Ahora bien, considerando que el principio de justicia obliga al reparto equitativo de los recursos y a no perjudicar desproporcionadamente a los colectivos más desfavorecidos o vulnerables”.
Conflicto o dilema ético
Para evitar la situación de conflicto o dilema ético que puede suponer para los enfermeros la “obligación” de cumplir la citada norma, el informe elaborado por el colegio alicantino plantea la posibilidad de acudir a la figura de la objeción de conciencia, recogida en los artículos 22 y 23 del Código Ético y Deontológico de la Enfermería de la Comunitat, y en el artículo 22 del Código Deontológico de la Enfermería Española.
En caso de optar por esta medida, los enfermeros deberían comunicarlo por escrito en su centro sanitario y colegio profesional. La entidad colegial ha subrayado que el Real Decreto-Ley es de obligatorio seguimiento para ciudadanos y empleados públicos, por tanto para los enfermeros que prestan sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, por lo que de no cumplirlo, el acto puede acarrear sanciones disciplinarias.
