Para este nuevo número hemos escogido recordar una iniciativa de la Asociación Española de Matronas (AEM) (entonces denominada Nacional) que, sorprendentemente, sí tuvo relación con las retribuciones de las matronas, aunque fueran del sector privado y en Madrid; porque cierto y desafortunadamente, una asociación de carácter científico como es la AEM no tiene capacidad negociadora en asuntos de índole laboral como las retribuciones. Esta potestad queda para los sindicatos representativos en las mesas sectoriales que, invariablemente, han mostrado su desafecto y desconsideración llegando a la discriminación hacia el colectivo de matronas, simplemente por ser un corpúsculo minoritario dentro de la enfermería y por tanto, ni clave ni llave, para mantener, mucho menos elevar, a la representatividad a ninguna entidad sindical del sector sanitario.

Los hechos se remontan al año 1988 cuando la proverbial voracidad de los seguros, en este caso seguros de salud médicos, que empezaban a proliferar, mantenían tarifas de retribuciones para las matronas por asistencia a los partos, tan ínfimas como vejatorias (entre 2.500-3.000 pesetas), negándose a revisar estas durante años, abusando de una situación como la de la capital, en la que aun con escasez de matronas, esta era menor, obviamente, que en otras provincias y el pluriempleo estaba a la orden del día. En otras provincias las tarifas eran algo más elevadas por razones precisamente de oferta y demanda.

La Asociación Española de Matronas recibió tantas quejas al respecto que, exentas de cualquier sospecha de interés personal, dado que ninguno de los miembros de la Junta Ejecutiva desempeñaba labores en la asistencia privada, y convencidas de que si se lograba la unidad de las matronas se podía poner "contra a las cuerdas a las aseguradoras", coordinó una demanda sin precedentes.

La propia AEM se prestó para entablar conversaciones con las diferentes compañías aseguradoras en representación del colectivo de matronas afectadas para que, razonablemente, las entidades involucradas elevaran las irrisorias tarifas, negociaciones que fracasaron. Dado que las matronas actuaban como profesionales liberales cobraban por acto médico (pago por un volante que entrega el paciente) sin ninguna otra relación laboral con las diferentes entidades. Con la aquiescencia de absolutamente todas las matronas de Madrid del sector privado, la Asociación Española de Matronas advirtió con el preceptivo tiempo a las diferentes aseguradoras que sus servicios para estas entidades cesarían ya que no habían llegado a un acuerdo razonable. La AEM publicó un anuncio en prensa en el que se informaba así mismo a todas las aseguradas a partir de determinada fecha (9 de julio de 1988), que las matronas facturarían la totalidad de su honorarios a sus aseguradas parturientas.

Obviamente no fueron momentos fáciles para las matronas, pero una vez más se demostró "que la unión hace la fuerza" y las compañías aseguradoras que habían mantenido un trato abusivo con las matronas tuvieron que replegarse ante la evidencia de la postura de fuerza y resistencia de estas que propiciaron un aluvión de quejas de las aseguradas en demanda, ante sus respectivos seguros, del pago de los honorarios por parto cobrado por las matronas, las cuales habían seguido la orden, para no incurrir en competencia desleal, de tarifarlos acorde con la tarifa mínima estipulada en el momento por el Colegio Oficial de Enfermería.

La estrategia fue sencilla, pero tan conexa que funcionó porque todas las matronas cumplieron estrictamente con los pasos acordados en la asamblea.

Las instrucciones eran muy claras: primero atender con el celo de siempre; segundo comunicar a la pareja, después del parto, la situación con las aseguradoras y pedir su colaboración mediante el pago correspondiente, reembolsable por la compañía, tercero no aceptar bajo ningún concepto el volante autorizado para el pago del parto. Si no querían pagar, la matrona habría hecho su trabajo gratis, ese era el riesgo... y algunos no pagaron.

La acción tuvo sus deseados frutos y las compañías aseguradoras no tuvieron más remedio que elevar las tarifas en un incremento sin precedentes del 300%. Además del incremento de los honorarios por acto, las compañías firmaron el acuerdo que también obligaba a la revisión anual, según IPC.

Después de aquel logro se produjo una situación excepcional y es que las matronas cobraban bastante más que los obstetras y eso no lo podían tolerar, empezando su propia campaña.
Así el diario ABC titula meses después (7/2/1989) "Los ginecólogos de compañías privadas que asisten partos ganan menos que las matronas". Estos intentaron incluso la mediación del Presidente del Colegio de Médicos como dice la noticia, y lo que no dice la noticia es que previamente también se pusieron en contacto con Mª Ángeles Rodríguez Rozalén, Presidenta de la AEM, para que les indicara qué pasos habían seguido las matronas para ganar su reclamación. Una vez más las matronas fueron más generosas para los obstetras que viceversa, salvo honrosas excepciones, y a pesar de que se les ofreció toda la información sobre el plan, el proceder de los médicos ni fue tan pulcro ni unificado, y algunos de ellos incluso fue expulsado de los cuadros médicos de las aseguradoras porque ellos sí aceptaban el volante y además les cobraban las diferencia con las tarifas que pretendían.
  Todo ello ha quedado no solo en las memorias vivas de matronas interesadas en el conflicto y las de la AEM, empezando por su presidenta emérita, Mª Ángeles Rodríguez Rozalén, que dirigió personalmente la acción, sino en la hemeroteca que guarda la noticia sin otro interés que el de informar de lo que sucedió.

Independientemente del logro económico que fue tan grande como justo para las matronas afectadas, la AEM demostró su fuerte implicación en todas las causas de las matronas, su compromiso, conocimiento y un poder de cohesión grande entre el colectivo.