Un día de diciembre de 2018 cayó en mis manos un artículo sobre violencia obstétrica. Lo leí, ¡craso error!, porque no solo no refleja la realidad actual española, sino que la legislación y los modelos utilizados eran de países latinos (Venezuela, Argentina, México), cuya sanidad y circunstancias socioculturales son bien distintas a las nuestras, hasta el punto de tener que emitir una ley para penalizar esta situación. Pero no es el primero y único texto sobre este tema, algunas personas, bien conocidas en nuestro ámbito sanitario, han escrito numerosos artículos sobre lo mismo, y no sé a las lectoras de estos, pero a mí, que he luchado junto a otras colegas por los cambios y la mejora en la atención obstétrica, me duele en lo más profundo. Me parece que es injusto meter a todos en el mismo saco cuando se acusa generalizando a un colectivo, y sobre todo, después de tener un documento como es la “Estrategia de Atención al Parto Normal (2007)”, el cual tuve el gusto de analizar y trabajar en mi tesina de bioética, un documento que es un compendio de prácticas basadas en la evidencia, la bioética y la deontología. Ante los malos profesionales, lo mejor sería denunciar en la entidad u organismo correspondiente, con nombres y apellidos, en lugar de crear “alarma social y sanitaria”. No quiero cerrar los ojos ante un sentimiento que puedan tener muchas mujeres durante su proceso de embarazo y parto, no voy a negar la experiencia que hayan podido tener, pero no puedo admitir que TODOS y TODAS los/las profesionales que nos dedicamos a atender y cuidar de las mujeres en este periodo de sus vidas seamos iguales. Pero más allá de lo personal quiero argumentar la injusticia cometida desde la perspectiva bioética.

Conceptos

Violencia: la violencia (origen latino “vis” fuerza, poder, potencia) es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada (Freud, El inconsciente) provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad, o que efectivamente lo realizan¹ afectando a sus víctimas de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras². Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones. Sabemos que hay diferentes tipos de violencia, física, psíquica, emocional, intelectual y sexual, y que se puede dar en diferentes ámbitos, privado y público interpersonal y grupal, por razones de religión, política y sexo y desgraciadamente la violencia de género cometida hacia las mujeres, por el hecho de serlo, es sin duda una lacra social, porque entre otras vulnera los derechos humanos. Y si a este término le ponemos detrás la palabra obstétrica, estaríamos hablando de cualquier acto obstétrico que se hiciese en contra de la voluntad de la mujer gestante o parturienta, ¿no? Veamos…

Desde la ética principialista es condenable, moral y éticamente, todo aquel comportamiento profesional que viola los cuatro principios de la bioética: la justicia, la autonomía, la beneficencia y no maleficencia, lo que conlleva el incumplimiento del código deontológico de la enfermería, la matrona y, por supuesto, el del médico, hecho que es sancionable legalmente desde los colegios profesionales.

Justicia: ¿no hay justicia cuando estamos en una sanidad pública y universal a la cual tienen acceso y “gratuito” (que pagamos entre todos) todas nuestras gestantes? ¿No pueden acceder todas las mujeres y recibir la asistencia y los cuidados necesarios que les dan profesionales cualificados y en las condiciones sanitarias imprescindibles para llevar a cabo el nacimiento de un hijo? Yo creo que la atención sanitaria pública en España es de las mejores del mundo y de las más justas. Cumple los mínimos exigibles de la ética, aunque claro está, siempre se puede mejorar y aspirar a los máximos deseables. Es universal y no discrimina por razón económica, política, de raza, religión u origen.

Autonomía: hay una ley al respecto, la Ley 41/2002, que otorga y reconoce los derechos de información y autonomía. Las mujeres deben conocer cuáles son sus derechos, solicitar y recibir la información correcta y completa y así poder hacer una toma de decisiones (responsable) y poder fomentar así su autonomía y que pueda elegir, en nuestro contexto, el tipo de parto que quiere, pero añado: “en función de la información médica o científica de la situación concreta de su propio estado de salud y la de su hijo” y no según los deseos personales (no fundamentados) sin conocer y asumir la responsabilidad de toda la situación real, en lo bueno y lo malo. A este respecto cuando una mujer desea que no se le haga determinada técnica, ¿realmente tiene la información completa de los riesgos y beneficios? ¿Asumiría la responsabilidad de su decisión? El plan de parto no es “una quiniela a rellenar por si hay suerte y me toca”, es un documento que debe estar basado en la información verdadera, clara y concreta de cada situación, de cada embarazo y cada parto, incluso de una misma mujer o de cada mujer, con el tiempo suficiente de antelación para que no se decida en circunstancia de máxima sensibilización y vulnerabilidad. Posiblemente haya que hacer otro documento de información y consentimiento para realizar un parto eutócico o distócico por parte de los profesionales, en la que se expliquen los riesgos y los beneficios de cualquier proceso o técnica necesaria en función de sus circunstancias y estado de salud. Esto es lo mínimo que necesita un documento de información y consentimiento informado.

Beneficencia: es un principio basado en hacer el bien y de tradición basada en el Juramento Hipocrático. En nuestro caso, en proporcionar los mejores cuidados basados en la evidencia científica y el código deontológico. Si alguien incumple este principio, debe ser comunicado a quien corresponda, al colegio profesional indicado, porque todo acto, en obstetricia particularmente, debe buscar el mayor bien hacia la salud materna y la salud fetal, no hay excusa alguna para justificar la mala praxis.

No maleficencia: (Primun non nocere), esto es: no hacer daño. No creo que algún profesional dañe a nadie deliberadamente, si está en su pleno juicio y no subyace una patología mental. Si pensamos en la violencia emocional que pueda sentir la mujer gestante o parturienta, esta puede estar causada por la mera decepción de esta ante la realidad de su parto y ver frustradas sus expectativas. Esto puede dañar sus sentimientos y eso puede suponer la tarea de tener que hacer un duelo; sí, un duelo, porque ha resultado “dañada” en sus deseos e ilusión de tener un parto, a veces, idealizado. El duelo es necesario en toda circunstancia de “pérdida”, aunque sean deseos, ilusiones o expectativas. Hay un principio por encima de los deseos que es el derecho a la vida y a la salud, de ambos, madre e hijo, que es el que guía en primera instancia la actuación sanitaria y quiero pensar que también es el principio de cualquier madre o padre. Pero si hablábamos antes de los derechos que tienen las mujeres gestantes y, en general, los usuarios de la Sanidad Pública española, deberíamos hablar de las obligaciones que también tienen respecto a la implicación en su propio proceso. En la obligación de implicarse en los autocuidados, en procurarse los conocimientos y los recursos que se ofertan, por ejemplo la educación a la maternidad. La naturaleza te otorga nueve meses para “prepararte” y adaptar no solo tu cuerpo, sino tu estado psico-emocional, ante un proceso tan crucial como es traer un hijo a este mundo lo más sano posible. El perfil de las mujeres gestantes de la actualidad es bastante diferente a las de hace unos años, afortunadamente en muchos aspectos mejor, pero los hábitos de vida son diferentes, a peor, la edad en el primer embarazo aumentada añade más riesgo a la gestación y al parto y eso ocasiona más patología y distocias.

Creo que puestos a pedir, pidamos responsabilidad a profesionales y usuarias, una palabra que se utiliza ligeramente y cuyo significado va más allá de asumir las consecuencias de una decisión, es también de responder ante alguien o ante uno mismo, es un valor ético y moral que debe tener la mujer gestante (y su pareja) ante su propio proceso. No debemos permitir que determinadas acciones encaminadas a salvar o mejorar las vidas o la salud de tantas mujeres y niños, ahora se conviertan en delito y nosotras/os en delincuentes. Las tasas de morbimortalidad materno-infantil en España hablan por sí mismas, puede que en otros países esto sea diferente, no lo niego. Con todo lo anterior no quiero justificar la mala praxis ni a los malos profesionales, pero creo que más que violencia obstétrica, lo que hay son sujetos o “empleados sanitarios” faltos de la ética profesional requerida para ejercer la “profesión”. Y sí que es un deber ético denunciarlo, insisto, donde proceda y no hacer campañas cuyo fin, y en mi opinión, no es “salvar a nadie” sino más bien “lucrarse” a costa de la vulnerabilidad en esos momentos de las afectadas (esto también denota una falta de ética profesional de quien se aprovecha en beneficio propio). Creo que una de las soluciones sería fomentar los contextos, los conocimientos y las habilidades personales y profesionales entre todos para generar buena comunicación entre las usuarias y los sanitarios que promuevan actitudes de confianza y no de enfrentamientos, hecho que puede repercutir en la calidad asistencial de la Sanidad Pública. Pongamos las cosas y a las personas en su sitio o en lugar de mejorar la sanidad entre todos, conseguiremos empeorarla y eso también sería injusto, no olvidemos que la sostenibilidad de la Sanidad Española tiene como uno de los pilares principales a los profesionales que trabajan en ella.

Finalizo con una frase de M. Gandhi: “Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él”, ahora que cada uno/a reflexione… seguro que aprende algo más de sí misma/o.