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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado algunos de los preceptos del protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat en relación a los trabajadores públicos, a raíz de una demanda interpuesta por un pediatra del hospital Juan XXIII de Tarragona. Uno de esos artículos eliminados es que las conversaciones entre personal y paciente deban comenzar en catalán, cambiándose solamente si el paciente lo solicita. También se anula que la lengua de comunicación entre los funcionarios sea obligatoriamente el catalán.