El cuidado, en sus múltiples acepciones, viene siendo objeto de reflexión en muchos campos profesionales y sociales. En el presente texto se pretende justificar la importancia del valor cuidado en el diseño, redacción y gestión de las políticas públicas.

Antes de entrar de lleno en dicha justificación parece necesario explicar la evolución conceptual que me ha llevado hasta el presente planteamiento.

Mi dedicación a la enseñanza de la ética y mi militancia feminista me hicieron interesarme por los contenidos de la ética del cuidado y por la utilidad de su aplicación en los diversos ámbitos de la salud y del sistema sanitario. Profundizar en el estudio de la ética del cuidado y su relación con los principios de la bioética, me permitió reflexionar cómo ha ido evolucionando el término “cuidado” y proponer cuatro definiciones del mismo que se exponen a continuación:

1. El cuidado como necesidad humana básica. El primer significado, el más amplio y común, es cuando utilizamos el término para referirnos al acto humano básico mediante el cual las personas atendemos una necesidad nuestra o de otro ser humano.

2. El cuidado como aportación profesional enfermera. Esta acepción del término hace referencia al bien intrínseco (1) de la profesión enfermera. Así, hablamos de cuidado profesional cuando nombramos el conjunto de actuaciones que las enfermeras hacen a y con las personas en situación de carencia de autonomía porque no tienen el conocimiento, la fuerza o la voluntad para hacerlas por ellas mismas (formulándolo desde el modelo de Henderson (2)) y con el objetivo último de promover la vida.

3. El cuidado como valor. Esta tercera forma de utilización del término se hace entendiendo el concepto de valor como aquella idea o juicio moral que guía la acción. Así, el cuidado es un valor que consiste en una especial sensibilidad e interés para reconocer y atender las necesidades de las personas, de acuerdo a su propia formulación y promoviendo su empoderamiento.

A partir de esta formulación del cuidado como valor, la primera propuesta que surgió (3) fue que dicho valor se considere una prescripción ética básica, ya que su aplicación conjunta con los valores de la bioética puede constituir la base moral adecuada que guíe las políticas, estrategias y acciones del sistema sanitario.

4. El cuidado como derecho. Esta cuarta acepción del término es especialmente importante para el desarrollo de la ética del cuidado como base de las políticas públicas. El cuidado como derecho es la capacidad de exigir que se satisfagan las necesidades de las personas y los grupos, promoviéndose su autonomía y asegurando el respeto a su identidad.

Mi experiencia de ocho años en el ámbito de la política legislativa fue poniendo las bases para entender que la aplicación del valor cuidado no solo era especialmente útil en el ámbito de la salud y la sanidad, sino también en el conjunto de las políticas públicas.

Esta afirmación estriba en el convencimiento de que la política es el instrumento más eficaz para cambiar la vida de las personas, ya que:

• Establece los derechos y las circunstancias en que esos derechos pueden ser exigidos.
• Asegura los recursos que permiten que esos derechos se cumplan.

A partir de estos objetivos, la política se entiende como el conjunto de interacciones personales y sociales que conducen a acciones que permiten establecer los derechos y las circunstancias en que esos derechos pueden ser exigidos y asegurar los recursos que permiten que esos derechos se provean (4).

Teniendo en cuenta esa definición de política, y para contrarrestar su actual devaluación social, parece especialmente importante hacer un esfuerzo para contribuir a su revalorización y profundizar en su contenido. Para ello, no hay nada mejor que partir de las ideas de Hanna Arendt (5), recordando que para que puedan cumplirse los objetivos de la política, esta debe constituirse como el espacio en el que confluyen, conjunta e indispensablemente, el derecho a decir y el derecho a ser escuchado.

La propuesta: incluir el valor cuidado en todas las facetas de las políticas públicas

Paralelamente a las cuestiones que se han venido exponiendo, comparto plenamente los planteamientos (6,7) que sitúan a la ética del cuidado como el elemento nuclear de la democracia y de su desarrollo.

En este sentido, es especialmente adecuada la definición de cuidado que hacen Ficher y Tronto (7), a la hora de trabajar en políticas públicas, dado el enfoque relacional que aporta. Dichas autoras definen el cuidado como:

“Actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo comprende nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de apoyo a la vida”.

A partir de esta concepción del cuidado, de la definición del cuidado como valor, y con el fin de contribuir a la adopción y el desarrollo de la ética del cuidado como elemento fundamental para la construcción de sociedades más igualitarias, propongo que se considere la inclusión del valor cuidado como eje de toda acción legislativa y de gestión de los intereses públicos. La razón fundamental de la propuesta es que dicha inclusión permite que toda acción política tenga como características definitorias:

• La contextualización.
• La posibilidad de personalización de las acciones y los recursos concretos que de ella se deriven.
• El empoderamiento.

Entiendo por “contextualización” la capacidad de tener en cuenta las circunstancias de los entornos personal, grupal, social y ambiental (vinculado este último a la defensa ecológica) que debe poseer la acción política.

Igualmente, utilizo el término “personalización” como la posibilidad de que la acción política, siendo general y justa, sepa atender las necesidades específicas de las diversas personas a las que concierne, promoviendo su empoderamiento y siendo sensible especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de este texto he intentado aportar las razones que justifican que la adopción del valor cuidado contribuye, sin duda, a contextualizar y personalizar toda acción política. Del mismo modo, esa adopción ayuda eficazmente a evitar la negligencia moral (8), que consiste en no desarrollar la competencia que permitiría cubrir las necesidades evidenciadas, dentro del marco de la responsabilidad personal, profesional o institucional, y teniendo capacitación para hacerlo.

La negligencia moral debe ser combatida especialmente en los ámbitos de las políticas y las instituciones públicas, si se desea conseguir una democracia que asegure la provisión del derecho al cuidado a toda la ciudadanía.