Tras la celebración del último Congreso de Ministros, el Gobierno aprobó con carácter de urgencia el Real Decreto-Ley que regula normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. Esta normativa sustituye a la anterior, en vigor desde 2006, y que fue anulada por el Tribunal Supremo, alegando “insuficiencia de rango”.
Los cambios se basan más en la forma que en el contenido, y se explican en base a una denuncia que llevó a cab
o Vidacord, reconocida compañía de conservación de células del cordón umbilical. Entre los puntos destacables de la nueva ley, quedan regulados muchos aspectos relacionados con los materiales biológicos, siendo el punto álgido de la polémica los bancos privados de conservación de células del cordón.
Vidacord cuenta con un banco de almacenamiento en España. Sus muestras deben estar a disposición de todo aquel que requiera de su uso. Para evitar llegar hasta ese extremo, la mayor parte de las empresas que se dedican a este negocio guardan sus células en determinados depósitos, ubicados en países como Bélgica, Reino Unido o Estados Unidos. Todo ello para garantizar que sólo el dueño de la sangre se beneficie de hipotéticas propiedades terapéuticas de esas células.
Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ha alabado la rapidez y celeridad con la que el Ejecutivo ha formalizado el nuevo Real Decreto-Ley, “entre ellas las células madre que están presentes en la sangre de cordón umbilical”, manifestando que de esta manera “se evita un un mínimo vacío legal”, tras la anulación de la normativa de hace ocho años.
