El Servicio Canario de Salud (SCS) y el Consejo Canario de Colegios de Abogados han anunciado la renovación del acuerdo para la protección jurídica de los profesionales sanitarios que hayan sido agredidos durante el ejercicio de su labor, en vigor desde noviembre del año 2007. 
El objetivo que persigue el SCS con esta medida, de acuerdo con lo expuesto por el Gobierno de Canarias en un comunicado, es hacer extensible un año más la ampliación del citado convenio, que desde 2016 incluía asesoría legal gratuita para dichos trabajadores en caso agresión considerada como delito, en procedimiento judicial abreviado y en aquellos para los que se haya presentado recurso de apelación.
En este sentido, según datos de la Dirección General de Recursos Humanos de la región aportados por el Ejecutivo insular, el pasado año, hasta mediados del mes de diciembre, 293 profesionales sanitarios de la región denunciaron haber sido víctimas de una agresión durante su desempeño laboral. Del total de ataques registrados, 230 resultaron ser de índole verbal, 18 física y 45 de ambos tipos.
Como se ha dicho, el acuerdo entre el sistema sanitario y la agrupación de letrados de la comunidad autónoma lleva vigente desde el año 2007, y en el 2016 ambas instituciones ampliaron el convenio para ofrecer asistencia legal gratuita, tanto en el ámbito penal como el civil, en aspectos como los derechos y deberes de los trabajadores de la salud y las diferentes vías judiciales que tienen a su disposición en caso de agresión.
Asimismo, en el 2006, informan desde el Ejecutivo, el Servicio Canario de Salud puso en marcha el Plan de Prevención de las Agresiones, mediante el que los profesionales pueden acceder a información para abordar situaciones de riesgo que puedan llegar a darse durante su desempeño laboral.