La reforma del Código Penal, que se encuentra en vigor desde julio de 2015, da a las agresiones a profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud y a los docentes del sistema público de enseñanza, la categoría de delito de atentado contra la autoridad, a través de una enmienda introducida en el artículo 550.
En 2014 se denunciaron en Sevilla 121 agresiones verbales y 25 físicas, haciendo un total de 146 agresiones a médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios. Sevilla es una de las provincias con más episodios violentos contra estos profesionales aunque es optimista saber que los datos se reducen considerablemente: en 2013 se contabilizaron 183 agresiones, en 2012 245 y en 2011, 257. La cifra se ha reducido en un 43% desde entonces.
No obstante, continúan siendo muchas. Los juzgados de la provincia dictaron en 2014, 86 sentencias de condenas relacionadas con este tipo de agresiones, diez más que en el año anterior. En cuanto a casos de condena por delito de atentado, el año pasado se registraron tres en la provincia. Delitos que conllevan una media de seis meses de prisión y, en las situaciones de mayor gravedad o cuando se repiten las agresiones, los jueces suelen dictar órdenes de alejamiento. Las amenazas verbales, consideradas delitos leves, suelen conllevar multas de cuatro a seis euros al día durante un período de entre diez y veinte días.
Para el sindicato de los enfermeros (SATSE) todavía quedan por añadir ciertas medidas, por ejemplo, la contemplación de los trabajadores laborales y no solamente de los funcionarios o la creación de una norma específica que proteja a los profesionales de amenazas o coacciones, agresiones que no están tipificadas penalmente.
