El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha anunciado que llevará a cabo acciones legales contra la administración autonómica por no exigir la colegiación a sus enfermeros, tal y como dijo que haría la propia Consejería de Salud y el SAS en junio del 2014, tras las sentencias del Tribunal Constitucional de 2013, que dejaron clara la obligación de colegiarse, independientemente de que el ejercicio profesional fuese tanto en la administración pública como en las empresas privadas.
El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, Juan Antonio Astorga, ha indicado que: “después de cinco años estamos más que sorprendidos de que por parte de la administración pública, que ha de dar ejemplo, no se exija el cumplimiento de la ley para todos los enfermeros. La colegiación es una garantía para los ciudadanos: Cualquiera puede comprobar, por su seguridad y tranquilidad, a través de la web del Colegio, si la enfermera o enfermero que le atiende está habilitado para ello”.
El pleno restablecimiento de la obligatoriedad de colegiarse, está respaldado por la normativa vigente y la jurisprudencia al respecto. El Colegio también está obligado a verificarlo por el debido control deontológico y de intrusismo profesional, contribuyendo a una mejor atención ciudadana en cuanto a los derechos de los usuarios del sistema de salud en relación a los colegios profesionales.
“Dicho restablecimiento en Andalucía se hizo público por la administración sanitaria un año después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la norma andaluza que eximía de la colegiación obligatoria. Tras un litigio de once años, el órgano que interpreta la Constitución dejó claro que la obligatoriedad o no de la colegiación no es cuestión autonómica sino estatal, y la ley estatal así lo establece”, ha explicado Astorga.
El representante del despacho de abogados – Málaga Laboral- que presta la asesoría jurídica al Colegio de Enfermería, Francisco Sánchez, ha comentado que se trata de un proceso largo “en el que ha investigado la documentación aportada de su país de origen, fuera de la Unión Europea, y la no homologación del mismo por parte del Ministerio de Educación”. Ahora, con la reciente sentencia de finales de marzo, aunque no es firme por los diez días para poder recurrirla, se ha concluido con la condena por intrusismo y falsedad documental, a una multa de 5.000 euros aproximadamente y 7 meses de prisión, según ha explicado el abogado.
