La Consejería de Sanidad de Cantabria ha organizado la I Jornada “Aspectos jurídicos de la vacunación”, dirigida a los profesionales sanitarios implicados en la vacunación y que ha contado con la presencia del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa; el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo; y el presidente de la Asociación de Informadores de la Salud, Alipio Gutiérrez.
Durante la misma, José Francisco Díaz, director general de Salud Pública, ha apelado a “la responsabilidad de los profesionales sanitarios” en relación con la vacunación y “los efectos sobre la salud individual y colectiva que puede tener la decisión de no participar en los programas y las campañas de vacunación” destinados a la población general o a colectivos especiales.
Durante la presentación de la jornada, Díaz ha explicado la importancia que, en sus palabras, tienen el hecho de que los profesionales sanitarios se vacunen para protegerse a sí mismos y a sus pacientes.
Asimismo, ha asegurado que existe suficiente evidencia científica de que esta medida disminuye el riesgo de infección individual, previene la transmisión a los pacientes más vulnerables, crea inmunidad en el entorno y reduce las probabilidades de enfermar en épocas de epidemia, sobre todo cuando más necesaria es su actividad asistencial.
La responsabilidad legal de no vacunarse o de promover públicamente la no vacunación por parte de los profesionales de la salud, de los usuarios de la sanidad y de los medios de comunicación, ha sido el tema central de la primera jornada ya que, según el Ejecutivo regional, actualmente están «cobrando fuerza» los movimientos antivacunas y el cumplimiento de los programas de vacunación dirigidos al personal sanitario es «escaso».
Según ha señalado Díaz, algunos activistas antivacunas son profesionales de la salud que desaconsejan la vacunación a sus pacientes y ha advertido que, si se mantienen en el tiempo este tipo de prácticas, están en riesgo “las altas tasas de vacunación infantil que existen en España, próximas al 100% en menores de 2 años y que han permitido reducir al mínimo la incidencia o el impacto de enfermedades muy graves como la difteria, la poliomielitis, la tos ferina o el sarampión”.
