El derecho a morir con dignidad, sin dolor, sin padecer tratamientos encarnizados cuando no hay más esperanza es el objetivo de la ley básica y de ámbito de nacional que ha recibido el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso para emprender su tramitación en la Cámara.
El Pleno del Congreso ha aprobado la tramitación de la proposición de ley de Ciudadanos para garantizar el derecho a una muerte digna y fijar los deberes que deben asumir los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que están ante el proceso final de su vida.
Esta propuesta, en ningún caso puede considerarse un intento de introducir legalmente la eutanasia o el suicidio asistido en España, sino que aspira a garantizar el derecho en todo el territorio nacional de los cuidados paliativos así como asegurar el respeto a la voluntad del paciente o de sus familiares o representantes, en caso de menores de edad o personas incapacitadas, a rechazar tratamientos o ser objeto de intervenciones que prolonguen su vida sin esperanza de curación.
Por otra parte, la ley refleja también la necesidad de proporcionar a todos los profesionales sanitarios del apoyo, información y de las herramientas necesarias para asumir su papel “con seguridad”. Al mismo tiempo, pretende dar respuesta legal a los dilemas a los que se enfrentan las administraciones y profesionales de salud y, finalmente, destaca la importancia de que se limite el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente, siempre y cuando sean con las garantías de decisión compartida por varios profesionales y de información al paciente y respeto a su voluntad.
