Seis de cada diez enfermeras que han resultado agredidas durante su labor asistencial y de cuidados no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de la administración pública o empresa privada sanitaria para la que desarrollan su trabajo.
Así se concluye en la macroencuesta realizada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, a un total de 7.359 enfermeras y enfermeros de todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, para hacer una “radiografía” actualizada sobre el grave problema de la violencia en el ámbito sanitario que se sufre en el conjunto del Estado.
Según se desprende del estudio realizado por la organización sindical, las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas no desarrollan ninguna actuación o medida de apoyo a las profesionales agredidas, ya sea física o verbalmente, en cerca del 65% de los casos. Un porcentaje que se “desploma” hasta el 3,15% si hablamos de ayuda psicológica especializada.
Asimismo, el 72,21% de las enfermeras y enfermeros consultados afirma no tener la información y formación necesaria para afrontar una agresión en su desempeño laboral y cerca del 60% considera que su centro de trabajo no dispone de los medios y medidas necesarias para evitar los episodios de violencia hacia los profesionales.
Preguntados también por el Sindicato de Enfermería por si creen que su empleador, ya sea una administración pública o una empresa sanitaria privada, apoya de manera eficaz a los profesionales agredidos, el 42,57 por ciento responde de manera negativa.
“Es muy lamentable que cualquier profesional que ha sido agredido cuando estaba prestando de la mejor manera posible su atención y cuidados a otra persona no reciba el apoyo inmediato y permanente de sus responsables en unos momentos tan duros y difíciles en los que requiere información, asistencia y asesoramiento”, apuntan desde la organización sindical.
SATSE recuerda que, según esta encuesta, el 80,3% de las enfermeras consultados han sido agredidas, ya sea física (empujones, retenciones involuntarias, puñetazos…) o verbal (amenazas, vejaciones, insultos…) a lo largo de su vida laboral por parte de pacientes y/o familiares, y cerca de la mitad lo ha sido hasta en cinco ocasiones.
De otro lado, la encuesta del Sindicato de Enfermería concluye que cerca del 60% de los profesionales agredidos no denuncia lo sucedido, y lo argumenta poniendo de manifiesto su falta de confianza en la respuesta del sistema. En concreto, la mitad de las enfermeras y enfermeros piensa que la notificación del episodio de violencia sufrido no sirve para nada.
“Cualquier agresión a un profesional sanitario debería conllevar una respuesta conjunta, coordinada y eficaz de todas las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas, pero la grave realidad es que no muestran el interés necesario para acabar con una grave lacra que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros por su cercanía y contacto más estrecho con los pacientes y sus familiares”, concluye.
