Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, ha anunciado en el Senado que comenzará a trabajar para garantizar la protección y las garantías laborales de los trabajadores que decidan ser donantes vivos de órganos. Para cumplir este objetivo, colaborará tanto con Fátima Báñez, titular de la cartera de Empleo, como con las sociedades científicas.
Montserrat, en su comparecencia en la Cámara Alta, ha señalado que estos donantes se ven obligados a coger vacaciones para llevar a cabo su decisión, e incluso que algunos han llegado a ser despedidos, como fue el caso de un miembro de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (HEPA), que fue expulsado de su trabajo por donar parte de su hígado a su hija, lo que desencadenó una campaña, en la plataforma Change.org, disponible en el siguiente enlace, desde la propia organización para exigir las garantías laborales de este tipo de donantes.
Actualmente, la legislación considera a las donaciones como enfermedad común, por lo tanto, solo se accede al derecho a subsidio cuando el paciente reúne ciertos requisitos, como la incapacidad laboral temporal. En este sentido, la ministra ha reconocido que su intención es modificar el marco legal también en los días previos a la intervención, por lo que colaborará con Fátima Báñez para especificar cómo se establecerán las bajas laborales anteriores al trasplante en cuestión.
Por otro lado, Rafael Matesanz, presidente de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ha reclamado que los donantes vivos tengan la misma consideración laboral y jurídica que las mujeres embarazadas y después del parto.
