Tras el gran debate generado a causa de la lucha entre el hospital de Santiago y los padres de Andrea, la niña de 12 años que desde los 8 meses ha luchado contra una enfermedad neurodegenerativa, que pedían una muerte digna para su hija, las preguntas y, en especial, las medidas concretas, continúan en el aire.
Para profundizar en la situación en la que se encuentran tanto profesionales sanitarios y hospitales como las familias, a la hora de proporcionar a un paciente una muerte digna, entrevistamos a Maribel Teigell, enfermera y vocal de la Junta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Madrid.
Pregunta-.¿Qué cambios piensas que deben aplicarse en las leyes en relación a que el paciente pueda decidir sobre su vida?
Respuesta-. Es importante la visibilidad de las leyes que ya están vigentes desde el 2002 y que no son conocidas por los ciudadanos, ni por muchos profesionales sanitarios. La Ley de Autonomía del paciente recoge derechos en materia de salud que resolvería muchas de las situaciones que se presentan al final de la vida.
También es necesaria la derogación del artículo 143 del código penal, que impide que se debata y se legisle sobre eutanasia y suicidio asistido. Limita derechos ciudadanos a decidir sobre cómo y cuándo poner final a sufrimientos insoportables.
Pregunta-. ¿Hay algún país que os sirva de ejemplo de lo que debería hacerse en España?
Respuesta-. Bélgica, Holanda, Canadá, Luxemburgo, son ejemplos de cómo una sociedad puede consensuar leyes que permiten decidir a sus ciudadanos.
Pregunta-. ¿En qué casos debería ser legal la eutanasia?
Respuesta-. En los casos que esa legislación lo permita, se recogen los requisitos imprescindibles de enfermedad grave, sufrimiento, solicitud reiterada y normalmente la aprobación de los profesionales y de las instancias jurídicas.
Pregunta-. ¿En qué dirección se mueve esta organización? ¿Cuáles son vuestras peticiones o qué medidas lleváis a cabo?
Respuesta-. Nuestro objetivo principal es la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido y solicitamos a los poderes públicos que atiendan a los ciudadanos que demandan mayoritariamente una legislación adecuada.
Toda nuestra actividad está dirigida a informar a los ciudadanos de sus derechos, asesorarles en la tramitación del testamento vital y en aquellas situaciones en las que se planteen conflictos.
Pregunta-.¿Podrías hacer una breve descripción del marco de opinión generalizada entre los propios enfermeros?
Respuesta-. La enfermería, los profesionales más cercanos a los pacientes y sus familias, son por tanto el colectivo más sensibilizado con el sufrimiento innecesario y la prolongación de tratamientos fútiles. La información sobre la historia de valores de nuestros pacientes sería una herramienta imprescindible para respetar de verdad a los ciudadanos en todos sus procesos de pérdida de salud.
Pregunta-. De conseguir que se aprobaran las leyes oportunas, ¿todos los enfermeros y médicos deberían estar obligados a facilitar una muerte digna a los pacientes que así lo deseen, o podrían acogerse a algún tipo de cláusula de conciencia?
Respuesta-. El respeto a las leyes tiene que ser una premisa en el desempeño profesional y no caben las actuaciones motivadas por criterios morales y/o religiosos individuales que deben restringirse al ámbito de la intimidad de cada uno.
Pregunta-. ¿Cuál es la situación en los hospitales a día de hoy en relación a este tema?
Respuesta-. La falta de protocolos, de información y la laxitud de las instituciones en la exigencia del cumplimiento de la legislación favorecen que cada cual actúe según su criterio y que el proceso final de los ciudadanos dependa de la sensibilidad del profesional que le toque en suerte.
Pregunta-. ¿Cuál es tu opinión sobre el caso de Andrea?
Respuesta-. El lamentable proceso que han tenido que sufrir Andrea y sus familiares no es más que la no aplicación de la Ley de Autonomía del paciente que refleja el derecho que tienen los ciudadanos y/o sus tutores a rechazar un tratamiento y a no prolongar innecesariamente el sufrimiento. Un derecho que ya estaba vigente desde la ley general de sanidad del 86.
