Profesionales de enfermería junto a diversos sindicatos se han manifestado en Valladolid, frente a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, para protestar por la suspensión cautelar de las oposiciones de enfermería y han pedido la dimisión del consejero de sanidad de CyL, Antonio María Sánchez Aguado.
Pablo Vicente, responsable de Sanidad de CCOO, ha señalado que en la Consejería hay “un grupo de incompetentes” y que “se engaña permanentemente” y ha pedido la dimisión inmediata de Sánchez Aguado. Por otro lado, Nieves Martínez, secretaria autonómica de Sanidad de UGT, ha destacado que este tema debe abordarse en la Mesa Sectorial convocada para este viernes y deben tomarse responsabilidades. Por su parte, Carlos Hernando, responsable autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSI·F, tras reconocer la responsabilidad de Sánchez Aguado, se ha preguntado por qué en otras comunidades autónomas las oposiciones sí se han realizado sin intervenciones del Gobierno central.
Por otro lado, la procuradora socialista, Mercedes Martín ha determinado que “esta suspensión inesperada es indignante debido al enorme perjuicio personal que se ocasiona una vez más a este colectivo en nuestra Comunidad y, teniendo en cuenta las dificultades que hay hoy en día para encontrar trabajo, la anulación de esta convocatoria no puede dejar de brazos cruzados a quienes defendemos el empleo. Por eso la Junta tiene que dar respuesta, tiene que haber responsables políticos”. Además, ha querido hacer hincapié en que “el Tribunal Superior de Justicia ha decidido paralizar el proceso al entender que los perjuicios que se derivarían de su celebración y posterior anulación son mayores que los de la suspensión cautelar propiamente dicha. Sin embargo, el mismo auto sí refleja que esas plazas convocadas estaban siendo ya ocupadas por personal interino, lo que debilita el argumento de Montoro del coste económico de la convocatoria”.
José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de Presidencia de la Junta de CyL, ha justificado la decisión de convocar las oposiciones ya que era algo relacionado “con el sentido común, la necesidad, lo adecuado y oportuno y, por lo tanto, debe ser legal como en otras comunidades autónomas”. Santiago-Juárez también ha querido resaltar que desde la Junta se escucharon “los requerimientos del Gobierno central para suspender las oposiciones una vez publicada la convocatoria” y que se respondió al gobierno explicando que “esta convocatoria no influiría en el objetivo de déficit, tal y como temía el Gobierno, puesto que las plazas convocadas ya estaban ocupadas por interinos por lo que el gasto ya se estaba produciendo”, considerando estas explicaciones “suficientes” para continuar con el proceso.