El pasado 11 de julio, la primera ministra británica Theresa May mandó abrir la investigación que analizará y buscará las claves de los casos de infección por sangre contaminada en Reino Unido. Más de 2.400 personas de este país murieron entre la década de los 70 y los 80, infectados de VIH y Hepatitis C después de recibir sangre donada.
Esta orden de investigación fue transmitida a los medios por el portavoz de Downing Street, como consecuencia de una fuerte presión social que pedía que se esclareciesen las causas de la infección de miles de personas y que se buscasen los culpables de tal negligencia sanitaria. Las asociaciones de enfermos por contaminación de la sangre y familiares, denuncian un encubrimiento criminal de magnitud industrial, señalando a las empresas farmacéuticas como posibles culpables. Políticos como Jeremy Corbyn, líder laboralista, o Andy Burnham, ex secretario de Salud de Reino Unido, ahora en la oposición, han apoyado esta iniciativa, viendo necesaria dicha investigación.
En 2015 se empezó a indagar sobre las consecuencias reales de la infección masiva. Un informe parlamentario encontró 7.500 pacientes afectados, 4.600 infectados de Hepatitis C y 1.200 por VIH, y pequeños números de paciente infectados con los dos virus.
La clave de este caso está en que en esos años, el gobierno británico importaba suministros de un agente coagulante llamado “Factor VII”. El plasma utilizado para producir dicha proteína, provenía de presos que sacaban beneficio económico por su sangre y, según lo declarado por las asociaciones de afectados por este escándalo, no se llevaron los protocolos de seguridad sanitaria obligatorios con estos donantes de sangre.
