El pasado 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género, una iniciativa mundial de la ONU desde 1999. Hemos hablado con Natividad Linares, enfermera integrante de la Comisión de Igualdad del Distrito Sanitario Costa del Sol, sobre el papel de la enfermería ante estas situaciones.
Nos comenta las funciones de los profesionales enfermeros en cuanto a la prevención y la intervención de estos casos, los protocolos de actuación existentes y la implicación del personal.
Pregunta: ¿Qué papel tienen los profesionales de enfermería en la detección de los casos de violencia de género? 
Respuesta: Antes de describir el papel de enfermería, quiero dimensionar brevemente el problema de la violencia de género: actualmente es considerada por la OMS como un problema internacional grave de salud pública, con un impacto negativo en la salud de las mujeres víctimas y en la de sus hijos, llegando a provocar graves problemas en su infancia y, más adelante, en su adolescencia y vida adulta.
Los profesionales enfermeros tienen un papel fundamental y relevante en la detección precoz, prevención y actuación frente a estas situaciones. Las competencias profesionales específicas de enfermería les permiten un amplio espectro de acción tanto en el ámbito de la asistencia sanitaria de Atención Primaria de salud como en el de la especializada, en un marco de atención centrada en el cuidado integral y humanizado.
Su presencia en los distintos programas de salud que se desarrollan en la cartera de servicios permite a la enfermera estar en primera línea con la población más susceptible. Destacan los programas de atención específica relacionada con la salud sexual y reproductiva, la atención a problemas de salud mental y los cuidados en la edad pediátrica y la adolescencia.
En estos ámbitos, el personal de enfermería realiza actividades de “prevención primaria” y de promoción de la salud, como charlas sobre la violencia de género a jóvenes en institutos. No debemos olvidar que en estas edades ya se establecen las primeras relaciones de pareja.
También desarrolla actividades de “prevención secundaria” mediante la detección y cribado de estas situaciones en las consultas de atención de enfermería. Para ello existe un Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2012. Contamos también un protocolo más reciente, del año 2015, en Andalucía, donde desarrollo mi labor asistencial, que es el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género.
La atención de enfermería en la edad pediátrica, como vacunación infantil, programa de revisiones de niños sanos e intervenciones educativas en colegios también hace posible detectar casos de maltrato infantil, que a veces coexisten al mismo tiempo con la violencia de género. Los hijos de las mujeres que están sufriendo violencia por sus parejas o exparejas siempre son víctimas directas, ya que la exposición reiterada a un ambiente de maltrato hacia la madre constituye una forma grave de maltrato psicológico hacia los menores. Con respecto a este asunto, me gustaría destacar el gran avance en 2017 de la firma de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que se reconoce, de forma automática, la condición de víctima a las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas o exparejas.
Entre las actividades de “prevención terciaria”, los profesionales enfermeros también participamos en el tratamiento y rehabilitación de las víctimas, bien en los casos que acuden a urgencias con agresiones físicas y precisan cuidados de enfermería, bien en nuestras intervenciones de apoyo y asesoramiento en las consultas sucesivas, para ayudar a eliminar o reducir las consecuencias de la violencia ya instaurada en la salud de la mujer y en la de sus hijos.
P.: ¿Qué pautas deben seguir los enfermeros cuando detectan un caso?
R.: Es muy importante que conozcan los protocolos de actuación sanitaria para un mejor abordaje de las distintas situaciones: intervenciones en mujeres y menores víctimas de violencia, intervenciones específicas con mujeres vulnerables (rurales, con discapacidad, inmigrantes y mujeres mayores), mujeres en situaciones especiales (mutilación genital femenina, víctimas de explotación sexual o prostitución) o en mujeres víctimas de agresión sexual.
El protocolo se estructura en tres fases: detección, valoración y planes de actuación según el caso.
La fase de detección o anamnesis consiste en observar la existencia de indicadores de sospecha que avisen sobre el maltrato: antecedentes de violencia, hábitos de vida, síntomas psicológicos y físicos frecuentes, aspectos sociales, etc.
La fase de valoración consiste en analizar la seguridad y el riesgo de la víctima. En función de ello, se presentan tres situaciones posibles, para las cuales habrá que plantear pautas de actuación diferentes: plan de atención a la mujer que presenta indicadores de sospecha pero no reconoce sufrir malos tratos: si existe riesgo, hay que comunicarlo a la Fiscalía, si no, derivar a centros de atención especializada, informarle de sus derechos y atender sus problemas físicos, psíquicos y sociales; plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se encuentra en peligro extremo: en este caso hay que realizar entrevista motivacional, valorar la situación de maltrato, atención a los hijos y emitir parte al juzgado. También se hace un seguimiento por parte de trabajo social, medicina de familia y enfermería, y se valora la derivación a otros dispositivos sociales; plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos y se encuentra en peligro extremo: este caso precisa una atención integral multidisciplinar, valoración de la situación de maltrato, atención a los hijos, informar de los derechos que la asisten, emitir parte al juzgado, activar el protocolo de protección del centro y avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Igualmente se produce el seguimiento de trabajo social, medicina de familia y enfermería, y se valora la derivación a otros dispositivos sociales.
En nuestras actuaciones, se debe velar por la autonomía de la mujer, respetando su decisión y sus tiempos. Hay que informarle de sus derechos y establecer un compromiso de confidencialidad. Debemos registrar en la historia clínica todas las actuaciones que realicemos, ya que pueden servir como prueba importante en un proceso judicial, y establecer medidas de protección para la mujer.
Por ejemplo, en caso de violencia de género con lesiones, hemos de emitir parte al juzgado de guardia o de violencia de género, y en el caso de que no haya lesiones, pero con indicadores de sospecha, lo comunicamos a la Fiscalía. En los casos de agresión sexual, hay que llamar al juzgado de guardia para solicitar la presencia del forense para la toma de muestras.
En cuanto a los hijos, si detectamos en las consultas de enfermería factores de riesgo o situaciones que puedan conducir a la desprotección o indicadores de sospecha de malos tratos físicos, psicológicos o conductuales, debemos comunicarlas a los servicios de protección de menores. Estas medidas, a veces, destapan situaciones de violencia de género a través de los hijos.
En los casos de riesgo de mutilación genital femenina es muy importante la actividad preventiva desde Atención Primaria y revisiones de enfermería, ya que ante la sospecha de riesgo inminente por viajes a su país de origen existe una serie de acciones preventivas antes y después del trayecto.
P.: ¿Existe un tratamiento específico para cuando se produce una agresión?
R.: El tratamiento específico irá orientado según la tipología de la agresión con un abordaje biopsicosocial. En todos ellos hay que establecer medidas de protección.
Aparte de las intervenciones de los protocolos de actuación sanitaria en violencia de género, los enfermeros deben diseñar un plan de cuidados basado en los diagnósticos propuestos según el tipo de violencia física, psicológica o sexual.
Este plan propone resultados NOC: curación de heridas, control del riesgo, protección del abuso, toma de decisiones, modificación psicosocial (cambio de vida, autocontrol del miedo, afrontamiento de problemas, percepción de la amenaza sobre su salud…). También se realizarán intervenciones NIC: potenciación de la conciencia de sí mismo, apoyo en la toma de decisiones, identificación de riesgos, potenciación de la seguridad, apoyo emocional o asesoramiento.
P.: ¿Su implicación es mayor o menor que la de otros profesionales sanitarios?
R.: Yo me siento bastante implicada, y tengo una oportunidad excelente al trabajar como enfermera para poder ayudar en la lucha contra esta lacra. La implicación en este asunto va de la mano de la sensibilización, la formación y del cuidado humanizado.
Una visión humanista mejora nuestra implicación profesional ya que nos va a llevar a una dimensión más profunda e íntima del problema, para comprenderlo mejor, más allá de un mero procedimiento. También nos brinda la oportunidad de ofrecer una atención de enfermería de calidad, única, auténtica y de sensaciones compartidas entre enfermera y víctima, que le ayudará en su recuperación.
P.: Según su experiencia, ¿está la población realmente concienciada con la violencia de género?
R.: La gran mayoría de la población no considera que la violencia de género sea un problema social.
Me resultan alarmantes los datos extraídos del Barómetro 2017 del ProyectoScopio, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, que señalan que más de uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 29 años (27,4%) cree que la esta es una conducta normal en el seno de una pareja.
En los últimos años, aunque se ha producido un aumento de las campañas de sensibilización y concienciación a la ciudadanía por parte de los distintos gobiernos y de lucha continua de distintas asociaciones y federaciones de mujeres, los primeros recortes del Presupuesto del Estado se produjeron en los departamentos de Igualdad y de Violencia de Género.
Algunas comunidades, como Andalucía, han incrementado el presupuesto destinado a políticas de igualdad y prevención de violencia, mientras que otras, como Madrid, ha reducido casi hasta la mitad la partida presupuestaria destinada a tal fin desde 2008, según análisis de distintos informes.
Los servicios públicos también se han visto afectados con la reducción de personal, por lo que al estar más sobrecargados, las actuaciones en detección y educación se han visto mermadas en cuestión de calidad.
Hay que luchar a través de las políticas públicas y desde todos los ámbitos para crear una responsabilidad social en la lucha contra la violencia de género, haciendo un especial énfasis en la importancia de la educación y la publicidad desde edades tempranas para que no se reproduzcan estereotipos o roles machistas más arraigada en la población adulta.
P.: ¿Qué medidas se deberían tomar, por parte de las instituciones, para erradicar la violencia de género?
R.: Es fundamental la lucha a través de las políticas públicas y los presupuestos destinados a tal fin, para crear arraigo en conciencia de género dentro de la propia institución.
Desde los servicios de salud, hay que dar impulso a la formación especializada acreditada en materia de género e igualdad que garantice la prevención y una mejor respuesta asistencial entre profesionales. También se deben promover actuaciones de salud comunitaria y educación para la salud en el ámbito de la sensibilización y de la atención integral a la salud de las mujeres.
Por otro lado, los servicios de salud, tienen que dar a conocer entre sus profesionales los protocolos de actuación sanitaria existentes en materia de igualdad y género. Hay que sacarlos del cajón y hacer difusión de los mismos.
Las necesidades de las mujeres víctimas son multidimensionales, por lo que las instituciones deben garantizar una buena coordinación y comunicación de todos los agentes implicados.
También se debe potenciar la función de las distintas comisiones de igualdad y violencia de género en el ámbito sanitario, para el diseño de un plan con medidas objetivas y factibles para profesionales y ciudadanía.
Y para terminar, es fundamental incorporar una visión humanizada de la gestión y de la asistencia sanitaria, con un compromiso ético, para poder comprender mejor el fenómeno de la violencia y tratar a las personas con el debido respeto, dignidad y autonomía.
