El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado, ha realizado un análisis del actual Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales desde un punto de vista sanitario, dando a conocer las consecuencias que esta futura normativa va a tener para los pacientes, para la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria y para los propios profesionales sanitarios.
Según González Jurado, este Anteproyecto de Ley constituye una apuesta por la modernización de los colegios profesionales como órganos reguladores de sus profesiones y su adaptación a la realidad europea, algo que “el sector venía demandando desde hace muchos años” Asimismo, el presidente ha señalado que con este proyecto normativo “ganamos todos: el paciente, en el caso de las profesiones sanitarias, porque van a estar muy protegidos sus derechos; el profesional, que se va a ver respaldado en sus buenas prácticas profesionales, y el propio sistema sanitario”.
El nuevo Anteproyecto establece la colegiación obligatoria para todos aquellos profesionales que, ya sea en el sector público o privado, estén en contacto directo con el paciente. Para el presidente, “no se podría hacer de otra manera, pues toda la legislación que se está poniendo marcha, tanto en España como en el ámbito europeo, lo que pretende es proteger a los usuarios”.
¿Quién defiendo al paciente?
“En los últimos tiempos se está asistiendo a una auténtica revolución en el campo de la protección de los pacientes y de sus derechos frente a la asistencia sanitaria. Se trata de un hecho que venía siendo demandando por muchos colegios profesionales, incluyendo el propio Consejo General de Enfermería, como es que el interés principal de los colegios fuese la defensa de los intereses de los propios ciudadanos en cada sector, en lugar de la defensa de los intereses de los profesionales”.
La nueva ley de servicios profesionales, de la cual sólo ha trascendido un documento de posibles contenidos del anteproyecto, se centra en la defensa de los ciudadanos dado que “el papel de los colegios profesionales debe garantizar tres cosas: la imparcialidad, la independencia y el secreto profesional, tal y como reflejaba la propia Directiva de Servicios Profesionales, modificando y modernizando, a su vez, la organización de los propios colegios profesionales. Disposiciones con las que el Consejo General de Enfermería no podía estar más de acuerdo”.
En relación a esto, González Jurado ha señalado que “si el empleado depende exclusivamente del empleador, ¿quién defiende al paciente? Las normas de regulación del ejercicio profesional no las puede nunca regular el empleador; sólo las puede autorregular la profesión y nadie más que la profesión”. Debate importante, pues “el empleador, ya sea público o privado va a intentar adaptar el ejercicio de las profesiones a sus necesidades o intereses, algo que no va a hacer la propia profesión, que actúa en defensa del interés del paciente. Si al profesional se le intenta vulnerar su buena práctica, tiene la defensa de acogerse a su código deontológico o código de buenas prácticas. De esta forma que la colegiación obligatoria se convierte en instrumento esencial para la protección de las buenas prácticas en defensa de los intereses de los pacientes, hecho que puede colisionar en muchas ocasiones con el empleador”.
En materia de colegiación, la futura ley de servicios profesionales establecerá que la colegiación es competencia exclusiva del Estado. Por ello, “las comunidades autónomas no pueden legislar al respecto, pues la regulación de una profesión es de carácter estatal. Además, en el caso de profesiones donde existe obligatoriedad de colegiación, son los colegios profesionales los que tienen la capacidad de representación exclusiva de la profesión”.
