La Mesa General de la Función Pública de la Junta de Andalucía ha aprobado un protocolo en el que se recogen una serie de medidas encaminadas a garantizar la seguridad y la protección de las profesionales sanitarias que hayan sido víctimas de violencia de género. 
Este documento, denominado «Protocolo de la Administración de la Junta de Andalucía para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género», fue elaborado por el Grupo de Conciliación y Plan de Igualdad del Ejecutivo andaluz, de acuerdo por lo expuesto por el sindicato Comisiones Obreras, agrupación integrante de dicho organismo, en un comunicado.
Una de las principales medidas que incluye dicha herramienta consiste en que los procedimientos de protección sean puestos en marcha en el momento en que la mujer lo solicite, es decir, no será necesario que se inicien las pertinentes vías policiales, administrativas o judiciales para que estos se den.
Otros de los cauces de actuación que contempla este protocolo tienen que ver principalmente con el entorno laboral de la víctima. De esta forma, se facilitará la flexibilidad en aspectos como la jornada, la movilidad y los permisos, con el objetivo de promover la conciliación de la vida personal de la mujer que padezca una situación de malos tratos.
Además, Comisiones Obreras informa de que las empleadas a las que sus circunstancias en este sentido obliguen a abandonar su puesto de trabajo tendrán garantizado el derecho al traslado a otro en una ubicación diferente, así como una protección especial de sus datos, tanto los personales como los de la localidad de traslado.
M.ª del Mar del Bueno, responsable del Área de la Mujer de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) del sindicato en Andalucía, ha señalado a este respecto que, dada la magnitud y el alcance de la violencia de género hacen que estas situaciones sean consideradas «un problema de salud pública real».
