La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha remitido una carta a la Mesa de la Profesión Enfermera en respuesta a la enviada el pasado mes de julio por este órgano en la que se reclamaba la intervención del Ministerio ante la mal llamada “farmacia comunitaria”.
Para los representantes de la Enfermería, se trata de un intento de privatización encubierta de la Atención Primaria pública, al delegar en establecimientos comerciales privados funciones que ahora se realizan con normalidad por parte de los profesionales de la Sanidad pública -enfermeros y médicos-, como es el seguimiento a pacientes crónicos o algunos aspectos de la atención domiciliaria.
En la carta remitida en julio al Ministerio de Sanidad, la Mesa de la Profesión Enfermera le reclamaba su activa participación para que, de manera conjunta con las comunidades autónomas, se frenase cualquier proyecto que pudiese suponer la usurpación de las competencias propias de las enfermeras y médicos que trabajan en el ámbito de la Atención Primaria.
María Luisa Carcedo se ha mostrado a favor en su carta de los planteamientos defendidos por la Mesa de la Profesión Enfermera, al contar con el respaldo de la legislación y la legalidad vigente, y se muestra categórica a la hora de disipar las dudas sobre esas nuevas funciones asistenciales que pretenden atribuirse ahora las farmacias bajo lo que algunos han bautizado como farmacia “comunitaria”, una figura no reconocida legalmente ni en el ordenamiento profesional.
La Mesa de la Profesión Enfermera agradece el compromiso demostrado por la ministra de Sanidad con la defensa y mantenimiento de la sanidad pública, así como con la labor de sus profesionales para mejorar la atención y cuidados a pacientes y ciudadanos.
Cabe recordar que las farmacias están haciendo uso de una denominación, “comunitaria”, que en Ciencias de la Salud pertenece a dos especialidades, médica y enfermera, ambas reguladas por Ley y a las que se accede mediante sistema MIR y EIR: deben superar una oposición nacional y una residencia en centros sanitarios de dos años las enfermeras y cuatro los médicos.
Así, Carcedo asegura en su misiva que “las funciones que corresponde realizar a la profesión farmacéutica están claramente delimitadas en el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación servicios de las oficinas de farmacia; en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; y en el artículo 6.2b) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, sin que la Administración del Estado tenga prevista ni la ampliación o modificación de dichas funciones en los términos apuntados en su escrito, ni la creación tampoco la figura de la asistencia farmacéutica a domicilio”.
“A este respecto -añade-, este Ministerio considera que las funciones que la citada legislación atribuye a los y las farmacéuticas, incluidas las relativas a la vigilancia de la salud pública, en ningún caso pueden realizarse en detrimento de las de diagnóstico, tratamiento y cuidado, que la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias atribuye a profesionales de la Medicina y Enfermería, para las que las y los farmacéuticos no han recibido formación en sus estudios de grado”.
La ministra reconoce la importancia de la asistencia farmacéutica como un aspecto importante en la atención al paciente y la “recomendable colaboración puntual entre las oficinas de farmacia y el Sistema Nacional de Salud”. A juicio de la Mesa, ello no debe utilizarse para que se sustituya una por la otra y, mucho menos, al conllevar la “farmacia comunitaria” el cobro de una cantidad económica a la administración pública y al ciudadano al objeto de que los empresarios farmacéuticos incrementen sus beneficios.
