La semana comienza de la peor manera posible para la Enfermería. El diario italiano Corriere della Sera ha publicado una noticia que, de ser cierta, golpea a la enfermería de la peor forma. Al parecer, Daniela Poggiali, enfermera de 42 años de edad y trabajadora del hospital de Lugo di Romagna (Ravenna), ha sido acusada como presunta autora de la muerte de 38 pacientes, a los que habría inyectado cloruro de potasio por considerarlos ‘molestos’.
El rotativo italiano publica en el artículo una fotografía en la que se ve a la enfermera con los pulgares en alto y sonrisa divertida junto al cadáver de una anciana a la que habría suministrado una inyección letal. Además de esta imagen, otras han aparecido igualmente en diversos medios que se han hecho eco de la terrible noticia. 
Al parecer, el caso fue descubierto tras la muerte de una mujer de 78 años, cuya autopsia aclaró que había muerto por una alta dosis de cloruro de potasio. La fiscalía tiene firmes sospechas de que el tratamiento ha sido el mismo para el resto de pacientes, ya que, en tan solo cuatro meses (tiempo que llevaba trabajando Poggiali), las muertes han ido aumentando hasta llegar a 38. La motivación que escribe el fiscal en la acusación es sorprendente: “Obtiene placer de la mortificación del próximo”, añadiendo que no se excluye la voluntad de la enfermera de querer “librarse de los pacientes de difícil gestión”
Una de las testigos del suceso, y autora de las fotos que muestran a Poggiali con una de las cadáveres, es Saura Pausini, que también está siendo investigada por los hechos, una vez que haya confesado que su colega también suministraba a los pacientes una serie de laxantes solamente por el hecho de “crear problemas a las enfermeras de turnos posteriores”.
Ahora todo queda en manos de la justicia italiana. Es de suponer que con el paso de las horas aparezcan nuevas pruebas que demuestren que la enfermera es culpable de homicidio voluntario. Este tipo de homicidio implica la intención de matar o causar lesiones corporales graves, además, las penas incurridas incluyen una multa y prisión de hasta 15 años, o ambas.
