Hace más de dos años y medio que entró en vigor el Real Decreto de prescripción enfermera por el que estos profesionales sanitarios pasarían a poder indicar y autorizar el uso de medicamentos, como por ejemplo, las vacunas contra la COVID-19. Un paso histórico que incluso el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, definió como “un paso histórico para la profesión y para la Sanidad española” después de una larga lucha.
El problema aparece cuando tanto tiempo después aún hay varias comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid) que siguen sin regular la acreditación necesaria para que sus profesionales enfermeros puedan realizar este trabajo. Por ello, SATSE ha reclamado a las consejerías de Sanidad que no sigan dificultando y puedan contar con el respaldo legal necesario para que, una vez acreditados, puedan indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica.
Además, critican que en plena pandemia y situación especialmente grave como la actual, no cuenten con esta regulación que agilizaría todo. Según SATSE, “el hecho de que las enfermeras y enfermeros no estén acreditados aún supone en la práctica que cualquier persona debe tener antes una necesaria prescripción clínica lo que conlleva más lentitud, burocracia e ineficacia. La situación que aún se vive en Madrid, la Rioja, Extremadura y Galicia puede conllevar más esperas y problemas para los pacientes y, por supuesto, para las enfermeras y enfermeros que incluso pueden ser denunciadas por intrusismo profesional al no tener aún acreditada una actuación asistencial que realizan de forma habitual”, apunta.
Estas cuatro comunidades autónomas son las únicas que no han cumplido con la obligación legal de acreditar a sus enfermeras y enfermeros una vez que las trece restantes, además de Ceuta y Melilla, ya lo han hecho dando así respuesta a lo estipulado en el Real Decreto que regula desde 2018 en nuestro país la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros.
El sindicato de enfermería subraya que el incumplimiento de lo establecido por la norma estatal por parte de las cuatro comunidades autónomas mencionadas constata una clara falta de voluntad política por propiciar un mayor reconocimiento al desarrollo profesional a las enfermeras y enfermeros, recordando que la tramitación necesaria puede realizarse en tan solo unos días porque no tiene ninguna complejidad administrativa.
