El Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente el pago de un euro por receta en la Comunidad de Madrid, dos semanas después de hacer lo mismo en Cataluña.
El Tribunal ha tomado esta decisión tras admitir a trámite los dos recursos presentados, uno por el Gobierno central del Partido Popular (PP) y otro por el Partido Socialista (PSOE), contra la medida de la Comunidad de Madrid para mejorar el déficit de la Sanidad pública.
La recaudación de un euro por receta en Madrid entró en vigor el 1 de enero. Ante la actual sentencia, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha señalado que dará “las instrucciones oportunas para su suspensión en las farmacias”. “A partir de ahí tendremos que hacer gestión a lo largo del año para conseguir el equilibrio presupuestario”. Esta medida se estableció con el objetivo de sufragar el déficit público del 0,7% del Producto Interior Bruto para 2013.
Según ha declarado a los medios, González parece descartar la presentación de alegaciones al fallo del tribunal, a diferencia del ejecutivo catalán presidido por Artur Mas, quien sí recurrirá la suspensión del euro por receta.
El euro por receta “viola la igualdad de los ciudadanos”
El Tribunal Constitucional tiene cinco meses para ratificar o revocar la suspensión cautelar del euro por receta hasta se determine si es constitucional o no, como alega el Gobierno central, cuyos dirigentes señalan que el cobro de un euro por receta “viola la igualdad de los ciudadanos y grava la prestación de un servicio, y que las autonomías no tienen competencias para fijar el precio de los medicamentos de financiación pública, pese a tener transferidas las competencias sanitarias”.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, añadió que se esperaba la decisión cautelar del tribunal. “El Gobierno también ha actuado igual ante dos supuestos, no ha mirado el color político de la comunidad, sino que ha mirado el interés general y lo ha hecho exactamente igual, y yo creo que esto no puede sorprender a nadie”. El PSOE también está satisfecho con la paralización de la medida, calificada de “recaudatoria” por mucha gente. “Nos parece una decisión prudente, sensata, tiempo habrá después de analizar efectivamente el contenido final de la sentencia”, explicó el ex ministro de Trabajo socialista y diputado, Valeriano Gómez.
