La Organización Médica Colegial presentó ayer el informe anual del Observatorio Nacional de Agresiones que se produjeron durante el pasado 2013. El documento registra 354 casos de acometidas contra profesionales sanitarios que ejercen sus funciones en España, lo que supone un 15% menos en relación con el año anterior, siendo el 18% de esas agresiones registradas como lesiones.
El Código Penal establece que las agresiones a médicos serán consideradas atentados contra la autoridad y, por tanto, delito. Aunque, en la práctica, los colectivos siguen denunciando que la aplicación sigue siendo desigual según la comunidad autónoma que se trate, algunas más estrictas que otras, y también según el criterio del juez. La ley, además, se limita únicamente a los médicos.
El resto de profesionales, como los enfermeros, reclaman tener la misma consideración. Más de 9.000 denunciaron, entre 2008 y 2012, haber sufrido una agresión física o verbal. La ley sigue reaccionando tarde. El Observatorio ha analizado 109 sentencias en 4 años. De ellas, 39 fueron consideradas delitos contra la autoridad pública y 91 terminaron en faltas.
Según este informe, se denuncian el 68% de los casos. 9 de cada 10 agresiones ocurren en hospitales públicos y apenas un 10% se producen en centros privados. Los colegios de médicos solicitan un cambio legislativo para que se ampare por igual a unos y otros. Es una de sus grandes reivindicaciones. La comunidad de Aragón, una de las más avanzadas en la protección a su personal sanitario, otorga la consideración de autoridad pública a todos los profesionales y declara además que todos ellos gozarán de “presunción de veracidad”, lo que les otorga un crédito especial a la hora de enfrentarse a un juicio.
Destacar que, en el 25 por ciento de los casos, la agresión procede de los familiares. También son más frecuentes en las primeras consultas de los centros sanitarios y en urgencias. Más de la mitad, el 56 por ciento, ocurren en Atención Primaria, y el 27 por ciento en hospitales.
