En los últimos años, los países que se encuentran en conflicto han utilizado los ataques al personal e instalaciones de salud como arma de guerra.
Los países, empobrecidos por la situación de lucha que viven, se han visto afectados por los continuos ataques al personal sanitario que acude en su ayuda.
Las consecuencias que tienen estos actos de odio son enormes, dejando sin esperanza a muchas personas.
En el año 2015, desde el conflicto sirio, la Organización Mundial de la Salud ha manifestado la pérdida de 654 personas pertenecientes al ámbito de la salud.
En este mismo año, 65 hospitales situados en zonas de conflicto pertenecientes a Médicos Sin Fronteras han recibido 106 bombardeos. La mayoría de ellos se tratan de actos planificados o deliberados, pues los ataques a la asistencia sanitaria son uno de los objetivos que más daño pueden hacer produciendo un aumento en el número de muertes y discapacidades y dando lugar a más enfermedades. Como consecuencia, la población se ve sometida a un enorme dolor físico y mental.
Con el fin de menguar esta angustiosa situación, el pasado 3 de mayo, la Cruz Roja y la Organización Médica Colegial de España, a través de su Fundación para la Cooperación Internacional, aprobaron la Resolución 2286 que condena enérgicamente los actos de violencia, ataques y amenazas contra los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios. Además, exige que todas las partes en los conflictos armados cumplan plenamente las obligaciones del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de asegurar el respeto y la protección de todo el personal sanitario y las instalaciones de salud.
