Tras la noticia del caso de la regidora del Ayuntamiento de Sa Pobla (Mallorca), quien supuestamente ha denunciado a una enfermera de guardia del Puesto de Atención Continuada (PAC) por denegar una atención urgente, el Colegio Oficial de Enfermería de Islas Baleares ha avalado la correcta actuación de la enfermera.
La regidora de Salud del Ayuntamiento de Sa Pobla, Catalina María Olmo, se negó a abandonar el PAC, tal y como le pidió la enfermera de guardia para poder atender una urgencia domiciliaria del 061, una mujer de 78 años con dolor abdominal que tuvo que esperar casi una hora para ser atendida en su domicilio antes de ser derivada al hospital de Inca.
La enfermera, que llamó a la Guardia Civil ante la negativa de la regidora a marcharse del PAC, ha anunciado que denunciará a la concejala y a la Benemérita, que no quiso desalojarla por tratarse de un edificio público. Por su parte, la regidora de Salud de Sa Pobla, Catalina Olmo, interpuso ayer por la mañana una denuncia ante la Guardia Civil contra la enfermera por negarle atención a su hijo. “La he denunciado porque ella me ha denunciado a mí y porque me lo recomendó el coordinador médico del propio centro de salud”, señaló.
El Colegio debatirá llevar a cabo nuevas medidas frente a los hechos
Tras el análisis de los sucedido, el Colegio de Enfermería de Islas Baleares ha aclarado que la versión de lo sucedido facilitada por la enfermera, avala que su actuación fue correcta, ya que la urgencia para la fueron requeridos, el médicos de guardia y ella, era mayor que la administración programada de un aerosol, actividad que podía ser retrasa “una o más horas sin riesgo para el lactante”.
La profesional sanitaria ha confirmado a los medios que denunciará a la concejala “por injurias, calumnias, amenazas y denuncia falsa, y que la demanda contra los agentes de la Guardia Civil se debe al “partidismo” con el que actuaron cuando la enfermera quiso interponer denuncia contra Olmo poco después del incidente que ambas protagonizaron en el centro sanitario”. “Me trataron fatal en el cuartel, me dijeron que no podía poner denuncia sin la presencia de un abogado y un procurador, y que me tenía que ir a Inca para presentarla, fue una obstrucción total”, explicó ayer la enfermera.
Según la institución colegial, la regidora debió de “dar ejemplo de ciudadanía, facilitar la labor de los sanitarios y, como autoridad política sanitaria que es, instar las dotaciones de enfermeras que considere suficientes para atender a la población en justicia, a la medida de las necesidades de salud de dicha población, y no en su propio beneficio”.
Por este motivo, la junta de gobierno del Colegio debate si procede solicitar la dimisión de dicha regidora por incumplimiento de sus responsabilidades políticas, obstaculización de la labor sanitaria, uso del cargo en su beneficio, en perjuicio de los derechos de otros ciudadanos y uso de su autoridad para intimidar, coaccionar y amenazar a la profesional de la salud, considerando que todas ellas son formas de agresión contra un profesional de la salud.
