El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE) de España, Máximo González Jurado, se reunió con el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Germán Fernández Farreres, así como con los presidentes y responsables de las asesorías jurídicas de los Colegios de Enfermería de Andalucía, Asturias, Extremadura y Canarias, con el fin de analizar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece la colegiación obligatoria en toda España y decidir una estrategia única. Durante esta reunión, todos los presentes destacaron la importancia de esta sentencia para la seguridad de los ciudadanos, sobre todo en el caso de las profesiones sanitarias.
La reunión comenzó con un análisis de Fernández Farreres, quien mostró a los presidentes de los Colegios de Enfermería una evaluación de las consecuencias jurídicas que supone la sentencia aprobada recientemente por el TC, a través de la cual se establece la inconstitucionalidad de la colegiación voluntaria de los enfermeros que trabajan para la administración pública y que fuera aprobada hace tiempo en Andalucía. Según Fernández Farreres, la reciente sentencia se basa en sus fundamentos de base y constituye “un respaldo a los Colegios y a la labor que desarrollan como órganos reguladores de la profesión”.
No obstante, los participantes expresaron su extrañeza por el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya resuelto el resto de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobre otras legislaciones de igual contenido, como sucede en Andalucía, Asturias, Extremadura y Canarias, aunque esperan que estas decisiones se resuelvan en breve.
Los Colegios son los únicos reguladores del ejercicio profesional
A través de esta sentencia, el TC ha establece que las administraciones públicas solo tienen competencias respecto a sus profesionales “en un plano estrictamente laboral, como meros empleadores, siendo responsabilidad exclusiva de los colegios profesionales la ordenación de las profesiones y en el cuidado del cumplimiento del código deontológico”.
Fernández Farreres y González Jurado coincidieron en que la sentencia del TC es “un avance importantísimo para los ciudadanos” porque implica “la tranquilidad y la garantía de que las prácticas enfermeras y médicas se van a hacer con los mismos criterios en todo el territorio nacional, lo que va a proporcionar una mayor seguridad y equidad dentro del Sistema Nacional de Salud”. Asimismo, el presidente del CGE destacó que “la ordenación de la profesión no puede estar fragmentada ni el cumplimiento de las normas de la profesión puede estar fragmentado porque esto perjudica enormemente a los pacientes, a los usuarios y a los profesionales, y no beneficia a nadie.”
La reunión contó con “un intenso debate” sobre los pasos a seguir por parte de los Colegios para que se cumpla la sentencia, tanto de los profesionales que optaron por la no colegiación como de las administraciones públicas que aprobaron la medida y ahora deben acatar el fallo judicial. En este sentido, todos los presidentes coincidieron en la necesidad de establecer un criterio único de actuación.
