La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) ha enviado una carta a los responsables de Sanidad con el objetivo de hacer público y de que se busquen soluciones a la mala situación por la que están pasando los profesionales enfermeros de prisiones. En ella, exponen su preocupación por la dificultad del acceso a la salud que se vive actualmente y la influencia negativa que está teniendo en la salud laboral de los profesionales que cada vez son más escasos y más mayores.
En la carta se quejan de la falta de soluciones ante un problema del que llevan años quejándose. Entre todo lo citado está la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los sistemas autonómicos de salud. En el texto enviado resaltan que, 15 años después, la Ley sigue sin cumplirse y tan solo se ha llevado a cabo dicha integración en dos comunidades autónomas: Cataluña y País Vasco.
Sumado a esto, aparecen más problemas como el déficit de profesionales enfermeros que, según exponen, influye negativamente en la calidad de la asistencia sanitaria y genera un agotamiento en los trabajadores y una larga lista de desempleo al no haber relevo generacional. Una situación que será peor y más preocupante en el futuro si nada cambia. La SESP también critica que, a pesar de que tanto el problema como la solución son conocidos por todos los responsables políticos con representación parlamentaria, tanto de la Administración Central como de las autonómicas, no se ha actuado.
Una problema que achacan a la falta de voluntad política de la que nadie se hace cargo y que afecta a los trabajadores. “Ante esta falta de voluntad nos encontramos unos profesionales abandonados a nuestra suerte y una población reclusa con una asistencia sanitaria cada vez más deficitaria que supone un grave riesgo tanto para la salud de esta población como la de la comunidad en general”, explican. Por todo ello, insisten en que se pueda cumplir la Ley y que marquen de una vez por todas los plazos adecuados para las cuestiones técnicas para transferir toda la Sanidad Penitenciaria a las Comunidades Autónomas.
