La Mesa Enfermera solicita al Gobierno la transferencia de la sanidad penitenciara a las comunidades autónomas

Jueves, 17 de mayo de 2018

La Mesa de la Profesión Enfermera, organismo profesional constitutito por el Consejo General de Enfermería y SATSE, ha emitido una nota de prensa en la que pide a los ministros de Interior y Sanidad, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat, respectivamente, que aprueben la transferencia de las competencias de la sanidad en el ámbito penitenciario a las comunidades autónomas.

De esta forma, apunta el Sindicato de Enfermería en la citada nota informativa, Manuel Cascos, presidente de SATSE, y Florentino Pérez Raya, dirigente del CGE, han remitido sendos escritos a los titulares de dichas carteras ministeriales en los que reclaman que dicho acuerdo se produzca en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Así, desde la Mesa de la Profesión Enfermera enfatizan que esta petición se enmarca en el contexto de la legalidad vigente, que especifica que dicho traspaso de competencias debería haberse llevado a cabo en el año 2004, poniendo de manifiesto que, durante este periodo, se han sucedido diversas iniciativas legislativas para que esta transferencia se produjera; la última, una proposición no de ley del 20 de febrero de este año, aprobada en la Comisión de Interior, y referente a la financiación de la sanidad penitenciaria.

Asimismo, los dirigentes de este organismo, apuntan en la nota de prensa, han querido recordar que esta reclamación concuerda, al mismo tiempo, con la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, que apunta que «la política de salud del medio penitenciario debería integrarse en la política nacional de salud y ser compatible con ella», señalan.

Por ello, el organismo enfermero ha querido expresar su lamentación por la dilación de la materialización de dicho traspaso de competencias, que solo se ha llevado a cabo en Cataluña y el País Vasco, destacando, a su vez, la importancia de su aprobación para garantizar la «equidad y la normalización» de la prestación de la atención sanitaria a la población reclusa y de la mejora de las condiciones laborales de los profesionales enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios.

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