La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid ha dado a conocer a los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad las mejoras en las contrataciones y de concursos de oposiciones acordadas hace algunos años.
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, como Jesús González, secretario del Área Sanitaria de CSIT-Unión Profesional, señala que estos hechos son “una falta de respeto institucional a los representantes de los trabajadores”.
Tras expresar su malestar por haber sido “los últimos” en enterarse de las medidas adoptadas unilateralmente por la Consejería de Sanidad sobre recursos humanos, Jesús González valora el anuncio de que se mantendrán las plantillas en 2014, aunque cuestiona el tema de las oposiciones, ya que asegura que la dirección general de RRHH había asegurado a los sindicatos que entraban todas las categorías, mientras que en el comunicado enviado por la Consejería a la prensa han excluido a las matronas y a los fisioterapeutas.
Julián Ezquerra denuncia también el ninguneo de las informaciones divulgadas recientemente por la Consejería y citó algunas de las medidas anunciadas por la Administración: convertir a un número importante de personal eventual en interino en los próximos seis meses; el de aumentar la duración de los nuevos contratos eventuales hasta un máximo de 12 meses; la continuación de la ejecución de las Ofertas Públicas de Empleo con las pruebas selectivas de 3.325 plazas y la reconversión voluntaria de los profesionales a estatutarios. “En realidad responden a acuerdos firmados en 2007 con los sindicatos, que han estado 6 años sin cumplir y que ahora, en solitario, ponen estos acuerdos encima de la mesa como si fuera una gracia hacia los trabajadores”, señala Ezquerra.
En cuanto a los contenidos que no le gustan, el secretario general de AMYTS señala como “peligroso” sustraer el control de las contrataciones a los criterios establecidos, en lo que se refiere a cómo se hace una interinidad; a quién le puede corresponder, quién tiene los mayores derechos adquiridos, y que se ponga semejantes criterios en manos de una gerencia o de los jefes de servicios. Aunque explica que este no es el mecanismo más adecuado, añade que “lo que no quiere decir que no nos alegremos de que por fin se vaya a hacer realidad lo que hemos reclamado y firmado durante mucho tiempo”.
