El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) muestra su adhesión unánime a las actuaciones que se están llevando a cabo en toda España para frenar la mal llamada “farmacia comunitaria”. Ante las graves y nefastas consecuencias que la toma en consideración por algunas comunidades autónomas de poner en manos de los farmacéuticos las funciones asistenciales a domicilio propias de los profesionales de Enfermería y médicos puede acarrear a pacientes, el CAE ha considerado necesario realizar un profundo análisis sobre la citada cuestión en toda Andalucía.
El estudio ha sido llevado a cabo por el prestigioso Grupo Análisis e Investigación y el mismo ha obtenido unos resultados muy concluyentes, con un importante muestreo en cada una de las ocho provincias andaluzas, en la línea de estudios similares realizados en otras autonomías y a nivel nacional. Con tal motivo, este Consejo quiere trasladar a la opinión pública que en Andalucía la inmensa mayoría de los encuestados, un 87,2%, cree que el control del tratamiento sólo debe estar en manos de médicos y enfermeros, que son los que conocen de forma integral las enfermedades y sus pacientes, así como son quienes tienen acceso a su historia clínica.
En el supuesto de la implantación de este modelo de farmacia y dado el aumento de la cronicidad de los pacientes por el incremento de su esperanza de vida, la atención domiciliaria de los mismos quedaría en manos de farmacéuticos de manera cuasi exclusiva, mientras que la enfermera familiar y comunitaria tendería a desaparecer”.
Ante esta situación, la totalidad de los presidentes de los Colegios de Enfermería andaluces muestran su absoluta preocupación con el creciente intrusismo profesional que conlleva el que los farmacéuticos pretendan realizar funciones asistenciales. Al objeto de reconducir esta situación, Florentino Pérez Raya, que mantiene un diálogo abierto con el Consejo General de Farmacéuticos con el fin de procurar una solución consensuada a este conflicto, destaca que trabajará siempre “priorizando y garantizando los derechos de los pacientes y también los de los enfermeros”. Además, aclara que estas actuaciones no van en contra de los farmacéuticos, sino contra la mal llamada “farmacia comunitaria”. “Los farmacéuticos son una profesión hermana y realizan una labor fundamental en la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia facilitando desde allí a los pacientes información y educación en el uso correcto de fármacos y en la prevención de efectos adversos farmacológicos”.
Debido a ello, el Consejo Andaluz de Enfermería quiere dar a conocer los resultados del estudio elaborado por esta empresa de referencia a nivel nacional e internacional, que ha analizado la percepción que tiene la sociedad andaluza respecto a las pretensiones asistenciales que vienen reclamando las oficinas de farmacia.
El 87,2% de los encuestados (personas mayores de 55 años en tratamiento por enfermedad crónica, usuarios de la sanidad pública y cuidadores de enfermos crónicos) considera que el control del tratamiento al paciente debe realizarlo el médico o el enfermero, y solo un 12,8% le parecería bien que dicho control lo realizase el farmacéutico.
El estudio también sondea a los pacientes respecto a la posibilidad de que las visitas a las casas de los mayores y enfermos crónicos para comprobar su botiquín y la correcta adherencia al tratamiento. En este sentido, los encuestados se muestran tajantes: sólo el 1,7% vería con buenos ojos que esas visitas las realizase el personal de las farmacias frente a un 82,1% que considera que éstas deberían realizarlas médicos y enfermeros. Un 16,2% estima que esas visitas no son necesarias, salvo en casos de extrema necesidad.
La implantación de la mal llamada “farmacia comunitaria” supondría además un coste añadido para las arcas de la sanidad pública y, en definitiva, para los bolsillos de los ciudadanos, además de un despilfarro debido a la infrautilización de los profesionales sanitarios. En este sentido, un 88% de los andaluces (8,64 de media) cree que se deberían contratar más enfermeros para atender mejor a los enfermos, en lugar de que la sanidad pública pague el servicio a las farmacias.
