A pesar de que en 2015 se aprobase la ley de autoridad de los profesionales sanitarios en la comunidad extremeña, actualmente existen 39 procedimientos judiciales abiertos por agresiones hacia médicos, enfermeros, auxiliares y celadores en esta región.
La ley de autoridad de los profesionales sanitarios no solo afecta a los trabajadores con carrera universitaria, sino también a los que tienen un título de Formación Profesional, al personal de administración, gestión y servicios de los centros sanitarios. Gracias a la legislación se les considera autoridad pública, por lo que cuentan con una determinada protección y asistencia jurídica. Sin embargo, esta ley no ha podido frenar que los casos de agresión y violencia contra el personal sanitario continúen.
Según los últimos datos ofrecidos por la Abogacía General de la Junta de Extremadura, desde el 1 de junio de 2015, se han contabilizado 46 denuncias de funcionarios de esta región por amenazas y agresiones verbales y físicas. Esta situación no solo afecta a los trabajadores públicos del ámbito de la sanidad. Los funcionarios del campo de la educación también están expuestos a este tipo de ataques por parte de la ciudadanía. Aunque las cifras muestran un gran desequilibrio entre los dos sectores. Mientras que en sanidad se han registrado, desde mediados de 2015, 39 querellas, en el ámbito docente han sido 7.
Los profesionales de ambos campos reclaman una mayor protección frente a las agresiones sufridas, a la vez que piden, tanto al gobierno regional como al estatal, medidas de concienciación ciudadana.
