Se admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores del PSOE contra el decreto 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Comunidad Valenciana.
El recurso expone la vulneración de varios preceptos constitucionales, como son el derecho a la no privación de bienes, al trabajo y a una remuneración suficiente, el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, y a la igualdad y no discriminación; también se basa en la no justificación del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad necesario para legislar mediante la fórmula del decreto-ley.
Las organizaciones colegiales de enfermería de la Comunidad Valenciana esperan que el Tribunal Constitucional proceda a anular dicha normativa para proteger los derechos laborales y salariales de los enfermeros, quienes están sufriendo “un grave atropello con la aprobación de una norma injusta, totalmente arbitraria y elaborada de espaldas a los agentes sociales”.
Con anterioridad, las organizaciones colegiales remitieron misivas al defensor del pueblo, al grupo parlamentario del PSOE en las Cortes Generales y al Sindicato de Greuges de la Comunidad Valenciana, en las que pedían la presentación del mencionado recurso contra el Decreto 1/2012.
En dichas cartas, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) explicaba que el Decreto 1/2012 había introducido unos severos recortes en los gastos de personal de la Administración autonómica, los cuales suponían la desaparición de derechos para todo el personal sanitario dependiente de la Generalitat Valenciana, y por consiguiente también de los enfermeros.
Según José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, las misivas han tenido respuestas diferentes. La entonces defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, contestó con una carta en marzo, en la que rechazaba tramitar el recurso de inconstitucionalidad al considerar que “no se produce la vulneración de principios constitucionales”; desde el grupo parlamentario socialista en las Cortes Generales, sí se procedió a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, con la firma de 50 senadores.
