El Ministerio de Sanidad convocó para este martes una reunión con las diferentes sociedades científicas relacionadas con implantes y productos sanitarios y con aquellas asociaciones de pacientes después de la polémica que se ha creado tras las denuncias por el fraude mundial de los implantes médicos en España.
Al parecer, más de 25.000 personas pueden haber tenido o sufren en la actualidad daños en su salud por el fallo de algunos implantes durante la última década, bien porque estuvieran en mal estado o porque estaban caducados, según han revelado 59 medios internacionales. Entre ellos, se están retirando prótesis de cadera que han llegado a dejar cojos a los pacientes; lentillas intraoculares; prótesis mamarias, marcapasos, desfibriladores e incluso el del caso más llamativo de todos: el anticonceptivo permanente Essure. Se trata de un muelle colgado en el útero que ha provocado efectos secundarios graves, llegando a provocar la muerte de una de las pacientes en la operación de retirada.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comenzó una investigación rastreando todo el daño global que han causado estos productos sanitarios a los pacientes. En total, se han analizado más de ocho millones de registros relacionados con dispositivos que incluyen datos sobre muertes, lesiones y retiradas de productos del mercado. Una investigación que deja datos alarmantes ya que, según apuntan, entre 2008 y 2017 más de 82.000 personas de todo el mundo han fallecido y 1,7 millones han sido víctimas del defectuoso funcionamiento de estos implantes. Unos datos que apuntan a la falta de control de los organismos de supervisión y a presiones por parte de las grandes multinacionales sanitarias que financian ensayos y estudios.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) expresó ayer su preocupación por los 25.000 casos que se han producido en España y ha solicitado al Ministerio de Sanidad que les ofrezcan «toda» la información que vaya recabando al respecto.
A su vez, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) aseguró que “en nuestro país ni los profesionales médicos ni los centros sanitarios pueden adquirir o implantar dispositivos de dudosa calidad, no autorizados, carentes de certificación europea o fuera del control sanitario”. Este organismo añadió que “la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ocupa del control y seguimiento de estos recursos tecnológicos, además de una red de agencias de evaluación tecnológica dependientes de la comunidades autónomas y del Instituto de Salud Carlos III”. Admitió, no obstante, que la regulación nacional e internacional está más desarrollada en el caso de los medicamentos que para las prótesis.
A la vista de la polémica, el Ministerio de Sanidad convocó una reunión con las sociedades científicas relacionadas con implantes y productos sanitarios, con el sector fabricante y distribuidor, y las asociaciones de pacientes para analizar la situación. En un comunicado, expresó su disposición “a impulsar las mejoras que sean necesarias para aportar garantías a los productos y seguridad a los pacientes”.
