Se reclama la inconstitucionalidad del euro por receta

Martes, 15 de enero de 2013

por diariodicen.es

© Raquel García

El recurso del gobierno, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, será sometido a un dictamen urgente del Consejo de Estado que deberá pronunciarse en cinco días sobre tras la impugnación. El presentado contra la tasa en Cataluña está en el Constitucional desde el 21 de diciembre y está previsto que se pronuncie sobre la suspensión cautelar de la medida. El Gobierno impugna la tasa establecida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero en términos similares a los utilizados en el recurso contra el copago del euro en Cataluña, que sus ciudadanos están pagando desde julio.

El Ejecutivo central explica que, “al regular las condiciones de expedición e incidir sobre el precio de los medicamentos, materias reservadas al Estado (artículo 149.1.16ª de la Constitución Española), la norma autonómica se aparta del orden competencial, pues las Comunidades Autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública”. De esta forma, el Gobierno considera que la norma vulnera las competencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esta disposición entra en conflicto con las previsiones del artículo 149.1.1ª de la Constitución, por las que “corresponde al legislador estatal garantizar la unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos, con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida, y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud”.

El Partido Socialista (PSOE) ya ha presentado su recurso ante el Tribunal Constitucional, que entregaron la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez; el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias; el secretario general del PSM; el senador, Tomás Gómez; y la secretaria de organización del PSM y senadora, Maru Menéndez. “El euro por receta es inconstitucional, porque lo que hace es empeorar la financiación sanitaria en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas madrileños”, declaró Rodríguez.

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