El Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Santiago de Compostela (La Coruña) ha dictado una sentencia instada por el Sindicato de Enfermería SATSE, junto con otras organizaciones sindicales profesionales del sector sanitario, por la que condena al SERGAS a abonar a los enfermeros una parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 ilegalmente suprimida.
La sentencia recoge el “derecho a percibir la parte proporcional de la paga extra dediciembre en los días devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, ambos inclusive al personal estatutario, toda vez que en dicho periodo no había entrado todavía en vigor el Real Decreto Ley 20/2012 por el que se estableció su completa supresión, ya que las leyes no tienen un efecto retroactivo si no se expresa en ellas lo contrario, cosa que la citada norma no contemplaba, aunque a pesar de ello tanto el Sergas como todo el resto de las Administraciones Públicas procedieron a la supresión de la paga extra es su totalidad”.
Este fallo es el primero que se produce a favor del personal estatutario (médicos, enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, etc.) en el ámbito jurisdiccional de lo Contencioso-administrativo de Santiago de Compostela y no admite recurso, por lo que la misma ha devenido firme y definitiva.
Este tema ha sido una cuestión de debate judicial ya que tiene una afectación general para todos los empleados públicos de las distintas Administraciones (estatal, autonómica y local), si bien con distintos matices si se trata de personal funcionario, estatutario o laboral. Este tipo de reclamaciones ya se han formulado ya en distintos territorios y Comunidades Autónomas, habiéndose obtenido algunas sentencias con un criterio judicial idéntico al del pronunciamiento del Juzgado de Santiago de Compostela.
Por este motivo, el Sindicato de Enfermería SATSE señala que el propio Sergas debería proceder al abono de las cantidades establecidas en dicha sentencia a todo su personal, sin instar a “las correspondientes reclamaciones judiciales de forma individual, puesto que ante eventuales y casi seguros pronunciamientos favorables de los distintos Juzgados, el SERGAS sería condenadoa pagar, además de las cantidades reclamadas, las costas judiciales de los procedimientos, lo que supondría un desembolso para el erario público que podría llegar a triplicar las cantidades que a los miles de empleados públicos de Galicia le correspondería percibir, traduciéndose en un despilfarro de dinero público en tiempos de crisis totalmente inadmisible y solamente atribuible a una mala gestión económica de nuestra Administración Autonómica”.
