El acoso a las mujeres que vayan a abortar o a los profesionales sanitarios de las clínicas de aborto será castigado con penas de cárcel. Un castigo que se ha incluido en la nueva reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 14 de abril tras la aprobación de la Ley Orgánica 4/2022.
De este modo, se modifica la Ley Orgánica 10/1995 y penaliza el acoso de las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria de un embarazo. Por tanto, tal y como expone en el texto “los actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menosprecien la libertad de las mujeres serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días”. Además, el tribunal deberá imponer la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.
Pero la reforma de la ley incluye más cosas. También ampara a los profesionales sanitarios, castigando con las mismas penas a todos aquellos que acosen a estos trabajadores. “Esta ley orgánica ofrece proporcionar seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los profesionales que participan“, se lee al final de ese primer párrafo. Por otra parte, no será necesario que la persona afectada, la mujer o el trabajador que sufra el acoso, presente una denuncia para que la penalización se haga efectiva, según explica el texto.
Una reforma que responde a los derechos que se muestran en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo.
