El Congreso de los Diputados aprobó, en el pleno del pasado 23 de octubre, una enmienda a la proposición no de ley del Partido Socialista sobre protección sociolaboral a donantes vivos, por la que se exhorta al Ejecutivo a modificar la legislación actual a este respecto, y los trasplantes entre personas vivas sean considerados causa de incapacidad temporal para el trabajo. 
De esta forma, la enmienda, presentada por los grupos parlamentarios socialista, popular y de Ciudadanos, persigue el objetivo, según informa la propia Cámara Baja en un comunicado, de que los donantes vivos de órganos puedan recibir las prestaciones monetarias de la Seguridad Social correspondientes durante la intervención y el posterior periodo de recuperación.
Esta medida contempla, a su vez, una modificación de la Ley General de la Seguridad Social en la que se especifique que la donación en vida no suponga un motivo de despido, y, por otro, lado, destacan en la citada nota informativa, una garantía de que hipotéticos cambios en el estado de salud del afectado no influyan en la futura contratación de seguros o préstamos.
Así, otro de los propósitos planteados con dicha enmienda pasa por no penalizar la práctica de la donación en vivo, que, destacan, presenta evidentes beneficios para el receptor del órgano, como una mayor calidad de vida, y para el sistema sanitario público, en cuanto al ahorro de posibles tratamientos.
La Ley de la Seguridad Social, apuntan desde el Congreso, establece que la incapacidad temporal se otorga tras el deterioro de la salud de una persona, derivado de un accidente o una enfermedad; una interpretación exhaustiva de esta ley excluye el caso de los donantes vivos, ya que antes de la intervención no están enfermos y no han sufrido ningún accidente.
