El Colegio de Enfermería de Alicante ha mostrado su satisfacción por el auto del Tribunal Constitucional (TC) que “avala la prestación de la asistencia sanitaria a inmigrantes no regularizados y considera que la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone”.
Así, la entidad colegial ya se mostró en contra de la reforma sanitaria que el Gobierno aprobó en abril a través del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y que incluye, entre otras medidas, la exclusión de la asistencia sanitaria normalizada de los extranjeros en situación irregular.
Ante dicho Decreto, el Colegio de Enfermería de Alicante solicitó al Gobierno central la modificación del mismo que limita la asistencia sanitaria a este grupo de población, al considerar que la citada normativa “colisiona de lleno con los principios éticos y deontológicos de la profesión enfermera”.
Tras el dictamen del TC que levantó parcialmente la suspensión cautelar de un Decreto del Gobierno vasco, el Colegio de Enfermería de Alicante reclamó de nuevo la modificación de la cita normativa para que “no exista discriminación por cuestiones administrativas, ya que el derecho a la protección a la salud es un derecho social reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 43 de la Constitución Española”.
Asimismo, la institución recordó en su momento que el Artículo 4 del Código de Ética y Deontología de la Comunidad Valenciana recoge que “la enfermera se debe ante todo a la persona que precisa sus cuidados. Tratará con la misma diligencia y respeto a todas las personas sin distinción de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, opinión política, condición social o estado de salud”.
