Los enfermeros representantes del Consejo Interautonómico han mostrado su preocupación con los avances a la hora de establecer el Real Decreto que regula la prescripción enfermera. De este modo, tras reunirse en la sede del Consejo General en Madrid, han criticado las lagunas legales en la acreditación y la forma de los enfermeros prescriptores.
En la reunión se analizaron los últimos avances en torno a asuntos que de actualidad y que preocupan como la prescripción enfermera, la farmacia comunitaria o la homologación de los títulos en las diferentes comunidades autónomas. La prescripción fue uno de los temas centrales en el que se acordó que el Consejo General de Enfermería se dirija a las autonomías, dado que la acreditación como prescriptores corresponde a ellas, y al Ministerio de Sanidad para que el proceso “no se dilate en exceso y sea ágil y sencillo”.
Así, proponen que a través de los colegios de enfermería se certifique el trabajo y la experiencia de estos profesionales para que, posteriormente, sea la Administración regional quien los acredite como prescriptores. El problema es que hay otros colectivos de enfermeros que también tienen su proceso de prescripción “en una especie de limbo legal”.
Es el caso de los enfermeros de la sanidad penitenciaria, que dependen del Ministerio del Interior o los profesionales de la sanidad militar que se hallan en el mismo caso, aunque ellos responden, como es lógico, ante el Ministerio de Defensa. En este caso, es la autoridad militar la que debe todavía aprobar su decreto específico de prescripción que siga la misma línea del aprobado para la sociedad civil.
En este sentido, “debemos hablar con el Ministerio de Sanidad, pero también debemos hacerlo con el del Interior o Defensa, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y con todos los organismos que tienen enfermeros trabajando y que, lamentablemente, no tienen regulado este asunto”, ha explicado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
Otro de los asuntos que ha acaparado las intervenciones de los presentes en la reunión ha sido el temor a que la formación obligatoria para las enfermeras con menos de un año de experiencia no tenga una base común en todos los territorios. La Organización Colegial de Enfermería cree que deben establecerse unas bases comunes y acordadas. De lo contrario, se corre el riesgo de establecer una formación previa a la capacidad para prescribir que suponga un nuevo foco de inequidad y disparidad de criterios o se impida la movilidad de los profesionales entre las distintas comunidades autónomas.
“Este punto fue transferido a las comunidades autónomas porque el Tribunal Constitucional dijo que la formación se tenía que impartir en las autonomías de forma gratuita, pero a nuestro modo de ver están teniendo una gran dejadez y lo están retrasando más de lo debido. Desde el Consejo General vamos a enviar un modelo de formación para intentar que lo agilicen, porque esto debe llevarse a cabo de manera inmediata”, ha destacado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
