Más de 5.000 médicos de Atención Primaria de Madrid están convocados a una huelga indefinida para quejarse por el déficit estructural de “más de 600 médicos de familia y 200 pediatras” en los centros de salud de la capital.
El propio sindicato ha emitido un comunicado denunciando que “solo 29 médicos de familia han sido contratados por la Consejería de Sanidad en un año de pandemia (2019-2020) es negativo con tres puestos menos”.
En total, hay “más de 650 plazas de médicos de familia sin suplencia en la Atención Primaria madrileña. En más de 130 centros de salud no se sustituye ni la mitad de las ausencias de los médicos de familia”, asegura en base a “los datos oficiales y los recogidos por Amyts”. La situación es “más flagrante en Pediatría: faltan más de 250 especialistas y solo se sustituyen 100. Esto supone que la Comunidad de Madrid, debido a las condiciones que ofrece a sus profesionales, solo consigue cubrir el 40% de los puestos que dejan nuestros pediatras, agotados del abandono institucional de los últimos años”, añade el comunicado.
Los datos sobre los odontólogos de Atención Primaria también son negativos: “en más de 84 centros de salud tampoco se cubren ni el 50% de las ausencias de estos profesionales”. Ante este “grave escenario de falta de médicos”, el Gobierno regional argumenta “un problema nacional y prácticamente inevitable”, algo que según Amyts “no es del todo cierto” y defiende que “el pasado verano la Administración tuvo oportunidad de fidelizar a los nuevos médicos de Familia y pediatras que terminaban la residencia en mayo. No lo hizo”.
Lamenta que la Consejería de Sanidad no haya dado “ningún paso para evitar el conflicto y únicamente ha impuesto unilateralmente unos servicios mínimos abusivos”, del 70 %. “La inacción de la Consejería de Sanidad se aprecia en el día a día: no se ha hecho nada para reducir la sobrecarga asistencial, no se cubren las bajas de profesionales, no se elimina el exceso de burocracia y encima se incumplen las promesas firmadas”, sostiene. Amyts asegura que han dado “pasos de buena voluntad con la Consejería de Sanidad para no desembocar en un conflicto en los últimos cinco meses, pero la Administración no ha puesto de su parte”.
