La Rioja pone en marcha el decreto que regula la alimentación saludable en centros sanitarios y educativos

Miércoles, 19 de junio de 2019

por diariodicen.es

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el decreto mediante el que se regula la promoción de la alimentación saludable en todos los centros sanitarios y educativos de la comunidad, tanto públicos como privados, así como en todas las dependencias de la Administración de la autonomía.

En los últimos tiempos, apuntan desde el Ejecutivo de la región riojana en un comunicado, las costumbres alimentarias de la población han ido evolucionando hacia hábitos menos saludables, como por ejemplo, el aumento del consumo de proteína animal y grasas saturadas, parejo a la reducción del de carbohidratos complejos, proteína vegetal y fibra, a lo que hay que sumar un estilo de vida paulatinamente más sedentario. Todo esto repercute en la tendencia al alza de la obesidad y el sobrepeso.

En este sentido, las directrices de fomento de la alimentación saludable en los ámbitos educativo y familiar y comunitario se incluyen en un apartado del plan de salud de La Rioja, previsto para el periodo 2015-2019. Asimismo, estas medidas están en consonancia con las pautas marcadas  por el entorno de Europa con el fin de disminuir el uso de envases y residuos, evitar emplear productos de un solo uso y lograr un consumo más responsable.

Por otro lado, el decreto de la comunidad incluye la regulación de los componentes nutricionales de los productos de las máquinas expendedoras, así como los que se ofrecen en los establecimientos de restauración. El propósito de esta norma, destacan en la citada nota informativa, pasa por reducir el impacto de los alimentos y bebidas hipercalóricos, promover los entornos que favorezcan la elección de comida sana y promover la alimentación saludable para prevenir el sobrepeso y la obesidad, como factores de riesgo, y la morbimortalidad y la discapacidad.

De esta forma, subrayan desde el Gobierno de La Rioja, los responsables de dichas máquinas expendedoras deberán amoldar su oferta de productos a las directrices marcadas por la nueva normativa, para lo que contarán con un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la región.

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