Satse, en contra de la notificación de positivos desde las farmacias: “No reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad”

Lunes, 10 de enero de 2022

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha pedido al Ministerio de Sanidad que impida el desarrollo de la iniciativa adoptada por la Generalitat de Catalunya de posibilitar que desde las farmacias se notifiquen al sistema sanitario público casos de positivos Covid, una vez que este resultado ha sido comunicado previamente por la persona afectada tras realizarse la prueba en su domicilio, al entender que no conlleva beneficios prácticos ni reales para el sistema sanitario y la ciudadanía.

Las enfermeras piden una bajada de precios de los test de antígenos | iStock
Satse está en contra de que se contabilicen los positivos desde las farmacias | iStock

SATSE considera que el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y el Colegio de Farmacéuticos de Catalunya no supone ninguna mejora real y positiva para el sistema sanitario público, sino una nueva manera de “atraer clientes” a las farmacias, y subraya que, en lugar de seguir dando pasos hacia la privatización de la sanidad, la Generalitat, al igual que el resto de administraciones, deberían garantizar que haya medios y profesionales suficientes en los centros para que cualquier persona pueda realizarse la prueba con todas las garantías y sin tener que gastarse entre 10 y 15 euros por cada test.

Algo que ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, con excelentes resultados, al posibilitar que las enfermeras y enfermeros puedan, con carácter voluntario, doblar turnos para que un mayor número de personas puedan ser atendidas. Un esfuerzo adicional de los profesionales que debe ser reconocido del modo y forma que proceda, añade.

En una carta dirigida a la titular de Sanidad, Carolina Darias, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, señala que el posibilitar que los resultados positivos de los test se incluyan como positivos en el sistema sanitario catalán y que, con posterioridad, no se realice una prueba PCR para confirmar el resultado, impide que haya el control y seguimiento necesario desde el propio sistema sanitario sobre la evolución e incidencia de la pandemia. Se trata de una “decisión del Gobierno catalán simplista, ineficiente e irresponsable”, afirma.

Otro aspecto que rechaza la organización sindical de la decisión adoptada por la administración catalana es que implica el conocimiento y tratamiento por parte de los farmacéuticos de información sobre salud de los pacientes especialmente protegida conforme a la legislación actual, así como datos de carácter personal también protegidos por la Ley.

Por ello, desde SATSE se pide a la ministra de Sanidad que haga las gestiones que considere oportunas para evitar que la Generalitat continúe adelante con lo acordado con el Colegio de Farmacéuticos de Catalunya y que otros gobiernos autonómicos puedan seguir sus pasos y firmen acuerdos similares en sus respectivos territorios.

De otro lado, el Sindicato de Enfermería reitera su rechazo a la realización de este tipo de pruebas diagnósticas en las farmacias, como ya ocurre en alguna comunidad autónoma, por parte de unos profesionales que, como constata la normativa vigente, no cuentan con la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías.

SATSE destaca, además, que las farmacias no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a los que se realizan este tipo de pruebas, así como del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta en este tipo de establecimientos (geles, cremas, champús, dentífricos…), por lo que pueden convertirse en focos de transmisión del virus, teniendo en cuenta que la variante Ómicron es muy contagiosa.

Por último, SATSE incide en que, al igual que se ha hecho en otros muchos países, debería abordarse la posibilidad de que los test de autodiagnóstico sean gratuitos o en su defecto que puedan ser adquiridos también en otros establecimientos comerciales y/o en gran superficies para que, a través de la libre competencia, se propicie una rebaja del coste de los mismos que beneficie al conjunto de la ciudadanía, tal y como ya se hizo en su momento con las mascarillas.

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