María Luisca Carcedo, ministra de Sanidad, se ha reunido, durante la jornada de ayer, con los representantes sanitarios de las comunidades autónomas para abordar el brote de listerioris acontecido en Andalucía, donde, según los últimos datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se han confirmado 193 casos de intoxicación, principalmente en Sevilla.
Tras el encuentro, informan desde el ministerio en un comunicado, la responsable de la cartera sanitaria explicó que se puso en marcha el sistema de alertas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) el pasado día 16 de agosto, trasladando la información al resto de regiones, cuando se recibió la notificación de la Junta de Andalucía de la detección de un brote de intoxicación por listeriosis asociado al consumo de carne mechada de la marca La Mechá.
De esta forma, a través del Sistema Coordinado de Intercambio de Información (SCIRI) y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se comunicó la situación a Madrid, Cataluña y Extremadura, las comunidades que figuraban en el registro de distribución de Magrudis, empresa fabricante, para que retiraran los productos. Además, una vez efectuada la notificación, el ministerio constituyó un comité de crisis que analiza la evolución del brote y las actuaciones sanitarias.
Carcedo ha informado, por otra parte, a los consejeros participantes en la reunión, de que ha convocado a los máximos organismos de vigilancia, control y participación activa relacionados con la seguridad alimentaria, en este caso, la AESAN y algunas de sus entidades colegiadas, como el comité científico, para analizar la información disponible a este respecto y evaluar el margen de mejora de los protocolos ante futuras situaciones similares.
La ministra ha querido poner de manifiesto, en la citada nota informativa, que España es uno de los países más exigentes en esta materia, y que este caso ha de ayudar en la mejora de procedimientos de actuación y respuesta ante crisis alimentarias, destacando, al mismo tiempo, que para abordar alertas sanitarias es necesario contar con información verídica para controlar el brote y mantener informada a la población.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la institución, el pasado año se llevaron a cabo en España más de 576.000 inspecciones y auditorías oficiales a establecimientos alimentarios, cerca de 113.000 análisis a productos y alrededor de 177.000 controles del etiquetado y de la información ofrecida a los consumidores, cuya tasa de incumplimiento se situó en el 10,5%, en la media de la Unión Europea.
